Martín Aguilar
Si se llega a concretar el recorte de casi 5 mil millones de pesos a su presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la imposibilidad de llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, de acuerdo con la Consejera Claudia Zavala.
Se tendría que suspender actividades sustanciales para reunir los recursos, como la credencialización, el pago de nómina, servicios o renta de inmuebles, acciones que son inviables, de acuerdo con Zavala.
"En la Constitución está previsto que si hay un conflicto de esta magnitud existe la controversia constitucional, la cual nosotros hemos seguido como base para cuando tenemos algún tipo de diferencia. Que sea el Poder Judicial el que, a partir de las atribuciones y análisis constitucional, decida sobre esta situación, dijo la Consejera
"Nosotros no podríamos cumplir con las atribuciones (de realizar la revocación) con un recorte presupuestal de tal magnitud, no veo la forma de cómo lograrlo", añadió Zavala.
"Tendríamos que dejar de hacer algo. ¿Qué se deja de hacer frente a una magnitud de este recorte? ¿Qué dejamos de hacer que no toque derechos sustantivos, que no toquen los derechos de las personas?", cuestionó.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como un "recorte desmedido" la solicitud presupuestal de 2022, misma que, afirmó, pone en "grave riesgo" la organización de la revocación de mandato.
"Reitero con toda claridad y firmeza: un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato, que el INE sólo podrá organizar y convocar si cuenta con los recursos necesarios", dijo el miércoles durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE.
Córdova Vianello consideró preocupante que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avalara el dictamen en que se recortaron cuatro mil 913 millones del pesos al proyecto presupuestal del INE "sin considerar los datos expuestos". Asimismo, recordó que el pasado mes de agosto el Consejo aprobó un anteproyecto presupuestario para el ejercicio fiscal de 2022.
Detalló que en el mismo se contempló una partida precautoria de cinco mil 743 millones de pesos, de los cuales mil 913 millones se destinarán a una posible consulta popular, mientras que otros tres mil 830 millones serían para la eventual organización de la revocación de mandato.
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