Rebeca Marín
El Pleno del Senado aprobó este jueves de manera unánime y con de 102 votos, la reforma ferroviaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema ferroviario, impulsar trenes de pasajeros y consolidar una política pública de movilidad con enfoque regional, sustentable y soberano.
La reforma —heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador en llamado "Plan C"— modifica cinco leyes clave, entre ellas la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Bienes Nacionales, para actualizar el marco legal del sector, reactivar rutas estratégicas y generar certeza a inversiones públicas y privadas.
Uno de sus ejes centrales es la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, organismo técnico con autonomía operativa que coordinará el desarrollo ferroviario y regulará los trenes de carga y pasajeros. La nueva ley también permite al Estado recuperar rutas concesionadas y declara al ferrocarril como área prioritaria del desarrollo nacional, prohibiendo su privatización sin autorización legislativa.
Con una inversión pública proyectada de más de 157 mil millones de pesos hacia 2025, la iniciativa prevé rehabilitar más de 3 mil 500 kilómetros de vías férreas y beneficiar a 49 millones de personas, integrando megaproyectos como el Tren Maya, el Interoceánico y nuevas rutas al norte del país.
Aunque el dictamen fue respaldado por todas las bancadas, senadores del PRI, PAN y MC plantearon críticas puntuales.
Miguel Ángel Riquelme (PRI) consideró positiva la reforma, pero advirtió que debe acompañarse de legalidad y planeación. Lamentó la falta de un programa maestro de infraestructura y pidió claridad en los derechos laborales y en la autonomía técnica de la nueva agencia.
Tabita Ortiz (MC) respaldó el impulso ferroviario, pero criticó que el 90 por ciento del gasto proyectado esté etiquetado de forma poco clara y denunció recortes al presupuesto de carreteras rurales. "Sí al tren, pero también a caminos e interconexión logística", sostuvo.
Guadalupe Murguía (PAN) celebró la rectoría del Estado y propuso establecer un programa sectorial con metas medibles. Exigió reglas claras en concesiones y transparencia total en los proyectos, especialmente ante la inoperancia del INAI.
El senador panista Agustín Dorantes presentó reservas para reforzar la rendición de cuentas. Aludió a los sobrecostos del Tren Maya y pidió evitar que el tren México–Querétaro termine como otro "elefante blanco". Exigió planeación, licitaciones abiertas e involucramiento comunitario. "Queremos un proyecto que sea orgullo para Querétaro y para México", afirmó.
Yeidckol Polevnsky (PT) calificó la reforma como una causa de justicia social y recordó que México transporta 25 veces menos carga ferroviaria que EU. Señaló que el tren es también salud, integración y soberanía energética.
Waldo Fernández (PVEM) celebró que se revierta la privatización del sector, impulsada —dijo— por el expresidente Zedillo. Afirmó que esta reforma alinea al país con el nearshoring y los compromisos del T-MEC.
"Será clave para convertir a México en el hub logístico de América del Norte", aseguró.
La reforma fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, se sella uno de los pilares de infraestructura del sexenio, bajo la promesa de trenes modernos, desarrollo territorial y movilidad con visión de Estado
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