Martín Aguilar
Con el voto de Morena, PT y PVEM, el Pleno del Senado aprobó este viernes por la noche una reforma que reconfigura la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. El dictamen incluye la creación de una Plataforma Única de Identidad, acceso masivo a datos biométricos por parte de autoridades y particulares, y la consolidación de la CURP como documento nacional obligatorio con huellas y fotografía.
Aunque el dictamen fue presentado como una herramienta para fortalecer las capacidades del Estado frente a la crisis de desapariciones, las reformas abren la puerta a la centralización de datos personales y a la intervención de empresas privadas, sin claridad sobre los mecanismos de control y transparencia.
Uno de los ejes de la reforma es la consolidación de la CURP como documento único de identidad, con validez obligatoria en todo el país. Este registro incluirá huellas dactilares y fotografía, y deberá presentarse tanto en servicios públicos como privados. Estará disponible en formato físico y digital.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de integrar los datos biométricos a esta CURP, con la promesa de respetar la normativa de protección de datos. Sin embargo, la iniciativa obliga a cualquier institución —incluidas empresas— que posea datos identificativos a permitir su consulta por autoridades como la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia o las fiscalías estatales.
La llamada Plataforma Única de Identidad será el eje digital del nuevo sistema de búsqueda e identificación. Esta herramienta estará conectada con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otras bases. Desde ahí, se podrá rastrear en tiempo real el uso de la CURP de personas reportadas como desaparecidas.
Además, se contempla:
• Una Base Nacional de Carpetas de Investigación, alimentada por fiscalías, sin dilaciones.
• Acceso a datos del INE, incluyendo huellas, firma y fotografía.
• Acceso a bases biométricas de bancos y telefónicas, que podrán ser sancionadas con hasta 2.2 millones de pesos si se niegan a colaborar.
• Pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de enviar restos humanos a fosas comunes.
• Participación de la Guardia Nacional en labores de localización e identificación de personas.
• Una nueva base de datos de casas de seguridad y sitios de inhumación clandestina.
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