Martín Aguilar
Conforme al mandato de la reforma constitucional que reestructuró al Poder Judicial mexiquense (que entró en vigor en enero pasado), los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde y el PT (José Vázquez, José Couttolenc y Oscar González, respectivamente) propusieron expedir una nueva ley orgánica de esta institución.
De acuerdo con la iniciativa, el proyecto responde a la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, un cambio al sistema de gobierno del Poder Judicial que favorecerá el ejercicio de la función jurisdiccional y se traducirá en una administración e impartición de justicia pronta, completa, expedita, imparcial y accesible.
La iniciativa, expuesta por la legisladora morenista Graciela Argueta Bello, considera necesario definir y separar, con claridad, las labores jurisdiccionales —a cargo del Tribunal Superior de Justicia— de las ocupaciones administrativas y de las funciones disciplinarias, que asumirán los órganos antes señalados.
También actualizaría el régimen de responsabilidad administrativa y las conductas que constituyen infracciones por parte de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, en particular de magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como los requisitos y supuestos para licencias y ausencias.
Dicha propuesta busca cumplir oportunamente con el plazo de 160 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto número 63 —publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de enero de 2025— para realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en este caso mediante una nueva ley.
El pasado 14 de enero, conforme al mismo mandato constitucional, la LXII Legislatura mexiquense adecuó el Código Electoral estatal, para el desarrollo de la elección extraordinaria de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de la mitad de las magistraturas y de las vacancias de personas juzgadoras, que se celebró el 1 de junio de este año, mientras que la renovación de la totalidad de los cargos concluirá en los comicios ordinarios de 2027.
La iniciativa refiere que los resultados de diversos diagnósticos institucionales y percepciones ciudadanas sobre la organización, funcionamiento, eficiencia y eficacia del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, han revelado que el sistema enfrenta múltiples retos estructurales para llevar a cabo una adecuada administración e impartición de justicia, ocasionados por una inadecuada separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas..
Adicionalmente, señala entre las causas de estas deficiencias, la opacidad, el retraso y la parcialidad que prevalecen, particularmente en los procesos disciplinarios en contra de personas magistradas y juzgadoras, aunado a la corrupción y a la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, indica que el Órgano de Administración Judicial se encargará de la gestión operativa y administrativa, así como de la carrera judicial, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial se define como el órgano con facultades para recibir denuncias, investigar y sancionar a las personas servidoras públicas judiciales que no cumplan con sus deberes de manera ética y legal.
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