Martín Aguilar
Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, propuso reducir las penas de prisión a funcionarios públicos que omitan dar información sobre actos de extorsión.
Al aprobar ayer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el líder de la bancada morenista propuso una reserva -la única aprobada- en donde se incluyeron cambios al artículo 21 de la Ley para reducir las penas de prisión a funcionarios públicos que aún con conocimiento de casos de extorsión, no los denuncien.
Mientras la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum originalmente contemplaba penas de 10 a 20 años de prisión para funcionarios públicos, con los cambios propuestos por Monreal y aprobados por la Cámara, se reducen a cinco a 12 años de prisión.
"Se aplicará pena de cinco a doce años de prisión y de seiscientas a tres mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la Policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley", se lee en la iniciativa que hoy llegó al Senado de la República.
Dicho cambio incluye a funcionarios públicos del sistema penitenciario que omitan dar información sobre posibles extorsiones al interior de las cárceles.
Al justificar su decisión, Monreal Ávila dijo que no se le puede aplicar al funcionario una pena mayor que la se aplica a un extorsionador.
"Es muy lógico, es muy sencillo, dice el preopinante, ¿por qué no subimos la pena del presunto delincuente extorsionador a más años y dejamos en diez veinte al funcionario cómplice? Es una posibilidad, pero lo que yo estoy planteando es que voten una propuesta que en el proceso legislativo formal está en su momento de discusión", explicó en la tribuna de la Cámara.
Estoy planteando que se elimine la sanción probable al funcionario cómplice que se establece en el artículo 21 de la ley de diez a veinte años. Y digo no, es desproporcionada, porque así lo atienden los principios de derecho penal en el mundo y México no es la excepción, por eso planteo que sea de cinco a 12 años, Ricardo Monreal.
Cuestionado este miércoles por medios de comunicación, explicó que se trata sólo de una propuesta que todavía tiene que revisar el Senado de la República y como en otros casos, una cámara es de origen y otra cámara es revisora.
La iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión se aprobó ayer en Cámara de Diputados, primero con unanimidad de todos los partidos y luego solo con el voto oficialista de Morena, PT y Partido Verde, a quienes se sumó Movimiento Ciudadano, por la modificación de Monreal Ávila.
En medio de la discusión, el diputado David Azuara Zúñiga calificó como ilógico reducir las penas para funcionarios públicos y en contraparte no subir las penas para extorsionadores. Además acusó que las modificaciones tienen nombre y apellido: Hernán N, acusó el legislador del PAN.
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