Rebeca Marín
De cara a la presentación del próximo Paquete Económico 2026, se espera que la administración federal continúe con una línea de austeridad, priorizando los programas sociales, a costa de una menor inversión pública y presiones en ingresos presupuestarios, según analistas consultados por El Sol de México.
"Este enfoque se mantendrá, no es criticable tener un gasto social más elevado, yo creo que es un buen mecanismo de redistribución. Lo que sí es que podría perfeccionarse para que no sea universal y se focalice en ciertos programas", aseguró Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex.
Para Gerónimo Ugarte, economista en jefe de VALMEX Casa de Bolsa, tan sólo el gasto en pensiones hará que el próximo presupuesto sea rígido.
"El Presupuesto deberá sostener el tejido social y de salud, reorientar la inversión sin afectar el crecimiento y cerrar el año con un balance primario positivo. Dado que el crecimiento estará por debajo del oficial, la ejecución de la consolidación será clave para alcanzar las metas fiscales", precisó.
El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Édgar Amador, entregará el Paquete Económico 2026 que incluye Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica.
El Presupuesto deberá sostener el tejido social y de salud, reorientar la inversión sin afectar el crecimiento y cerrar el año con un balance primario positivo
Según los especialistas, el gobierno federal se enfrenta a un escenario de restricciones presupuestarias y presiones inflacionarias que condicionan las decisiones de gasto e inversión.
Desde su perspectiva, el paquete incluirá estimaciones "prudentes" de ingresos y una asignación conservadora para inversión pública, manteniendo el gasto en programas sociales como eje central de la política fiscal.
Según el economista en jefe de VALMEX, aunque el gasto federal enfrenta restricciones estructurales, todavía existe espacio para optimizar recursos y generar ingresos adicionales sin necesidad de una reforma fiscal.
Subrayó que los ajustes probables y deseables se concentran en tres áreas: gasto operativo, subsidios y transferencias no focalizados, e inversión pública. Consideró que las autoridades pueden aprovechar diversas vías administrativas y legales para seguir obteniendo mayores ingresos presupuestales sin una reforma fiscal.
Entre ellas destacan la mejora en la eficiencia recaudatoria del SAT, la normalización de estímulos al IEPS de combustibles, la actualización de cuotas de derechos y aprovechamientos, la gestión de activos estatales y la optimización de dividendos de empresas productivas del Estado.
Asimismo, se pueden reducir estímulos y regímenes preferenciales mediante reglas secundarias y simplificación administrativa, fomentando el cumplimiento voluntario sin modificar la ley.
"El PEF 2026 debería proteger gasto social y salud mediante eficiencia y focalización, reperfilar la inversión hacia mantenimiento y proyectos con mayor tasa interna de retorno social, y acotar riesgos cuasi fiscales relacionados con Pemex, para no erosionar la senda de consolidación", concretó Ugarte.
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