Cercanos estamos de la histórica elección de personas juzgadoras promovida por el gobierno federal. Sin duda alguna, nos obliga a reflexionar de manera consciente y crítica sobre las consecuencias, tan abruptas y avasalladoras. Se votarán 464 cargos de magistraturas federales, 386 posiciones en juzgados de distrito, cinco cargos de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nueve cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste considerado el intérprete último y órgano de cierre en la asignación de contenidos de los derechos humanos y garante de la constitucionalidad.
La Constitución, entendida así como la norma que fundamenta el Estado y, por tanto, las instituciones, determina de forma clara los límites que tienen las autoridades frente a los derechos de las personas, pero también es norma que funge como criterio de interpretación de otras normas; así, su vigilancia y permanencia es pieza clave para la existencia del sistema legal y, por lo tanto, el cumplimiento de los derechos, y sirve como el parámetro de construcción de todos los actos y normas internas, por lo que es indiscutible su vigencia para mantener la democracia. Para la sociedad en general resulta irrenunciable contar con un órgano de genuina naturaleza especializada pues los procesos judiciales, después de ser analizados, no siempre atienden a mayorías sino a los argumentos y evidencias que permiten a dichos órganos colegiados, tomar una decisión.
Por lo tanto, lo que se avecina no se limita al debate de las elecciones y toda su operatividad, involucra las estructurales modificaciones que impactan en el sistema de justicia y que en un futuro –a corto plazo–, también tiene relevancia en el acceso a la justicia, la gobernabilidad y la propia definición del Estado de derecho, y juega un lugar determinante el equilibrio de poderes y los denominados "checks and balances" tan necesarios en siglo XXI para garantizar el buen funcionamiento de los poderes y de las instituciones en general. El riesgo latente involucra a todos los gobernados en el futuro del Estado mismo y lo vital de las libertades individuales.
La modificación considerable, gestada al tenor de la reforma constitucional que propició esta ruptura en un modelo tradicional que impulsó y consolidó la denominada carrera judicial para ocupar los espacios de juzgados y magistraturas, por méritos y experiencia en la función a desarrollar. Nada más lejano a la actual proposición, donde predominan propuestas denominadas en algunos casos "políticas" institucionalizando este concepto en la impartición de justicia y la aplicación del derecho que pueden estar colmadas de la buena fe, pero que no son suficientes en una tarea de tal envergadura.
La pretensión principal que arropó la decisión es transformar la justicia para ponerla al servicio de la sociedad, una justicia cercana y humanista, sin embargo, es enfática la necesidad técnica que se requiere en la resolución de procesos judiciales y que no siempre colinda con aspiraciones políticas, que urgen necesidades procesales altamente especializadas que van más allá de la aplicación literal de la ley, entendida ésta como una fuente del derecho y que es producto de la actividad legislativa. Por ello, no basta el carisma o el mensaje generado en una campaña de impacto, habría que revisar los perfiles idóneos para ocupar los espacios a los que aspiran.
Probablemente muchas especulaciones, e incluso críticas, queden muy limitadas frente a la realidad que rebasa al derecho en la actualidad, y muy seguramente tocará evaluar, por parte de la academia y de la sociedad civil, el "landing" de la reforma y prorratear los enormes costos que traerá consigo, pues no obstante podamos pecar de ingenuos y confiados en su efecto útil, resulta indiscutible cuestionar lo que hay después de mañana en la votación.
No debemos menguar la relevancia de estas modificaciones, existen diversos planteamientos que sugerían "sacudir" las entrañas del Poder Judicial que debieron advertirse y resolverse, la justicia y los privilegios, el nepotismo y la corrupción. Sin embargo, no existe claridad y menos aún, certidumbre, si la elección judicial y la propia reforma resolverá o acrecentará esta problemática, ¿es una respuesta favorable a la problemática? Los frutos del árbol envenenado serán causa y consecuencia de este mal.
La democracia es un concepto tan amplio e importante que no solo requiere de mayorías o designaciones directas, involucra el respeto y buen funcionamiento de las instituciones, la eficacia del derecho y la existencia de mecanismos de garantía para impugnar actos que atenten contra los derechos fundamentales y la Carta Magna. En tal sentido, reflexionemos de manera profunda que habrá después de mañana y cuál es la visión de la justicia en el futuro.
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