Rebeca Marín
Los integrantes del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, integrado por más de 200 vecinos decidieron iniciar un proceso para reformar las Leyes de la Ciudad, para que pare la privatización de las calles y el espacio público y se recuperen las que se tienen concesionadas, iniciativa a la que invitaremos a que se sume el mayor número de ciudadanos.
En una carta enviada al titular de la Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, lo exhortan que se realice en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México una modificación a la Ley de Movilidad, y apoye esta iniciativa y pida, en el ámbito de las atribuciones que le otorga la Ley en cuanto a presentar iniciativas al legislativo, que se derogue toda referencia al control y cobro del estacionamiento en vía pública.
"A que se modifique el Reglamento de dicha Ley y se elimine toda referencia en el mismo sentido y a parquímetros en particular, y para mantener el estado de cumplimiento de la Ley, se agregue un Transitorio en el que se establezca que las concesiones de las calles terminan en 2033, sin refrendo, una vez que se venza el plazo de las concesiones vigentes".
En su protesta frente a Semovi, donde ofrecieron una conferencia de prensa, el Frente propone que se derogue el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México y se haga uno referente únicamente a la cuestión exclusiva de la manera en que funcionarán el control y cobro del estacionamiento en vía pública mientras se vencen los plazos de las concesiones.
Por, último, "demandamos el compromiso de que, partir de ahora, ya no se instalarán más parquímetros en las calles de la ciudad ni se darán más concesiones, intensión que administración tras administración se ha querido revivir en la Ciudad, empezando por nuestro polígono de Roma Condesa-Hipódromo".
En un recuento, la organización vecinal, recordó que en 2012, el gobierno de Miguel Ángel Mancera comenzó a operar el Programa de Parquímetros Ecoparq, para lo cual autorizó que varias empresas instalaran dichos aparatos en las calles de más de 90 colonias de las hoy alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A Madero, otorgándoles Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR).
En ese periodo, Ecoparq estaba bajo la responsabilidad de la Autoridad del espacio público. Para convencer a los vecinos, el Gobierno dijo que la operación de los parquímetros era un potente instrumento para: ordenar el espacio público en las colonias; desincentivar el uso del automóvil; terminar con la existencia de franeleros en las colonias; d) mejorar la seguridad en ellas; e) fomentar otros medios de transporte;
Así como para mejorar la calidad del aire en las colonias; generar recursos económicos para usarlos en mejoras de ellas, se destinarían para ello 30% de los ingresos de los parquímetros; entre otros.
No se ha reducido la contaminación atmosférica, la ciudad sigue teniendo -y cada vez más- graves problemas; tampoco mejoró la seguridad, no se han destinado recursos provenientes de los ingresos de los parquímetros para el combate de la inseguridad; y mucho menos se ha desincentivado el uso del automóvil, según el INEGI, en 2022 había el doble de vehículos automotores en la ciudad que en 2012 ante la falta de transporte público suficiente, digno, accesible y seguro.
Para lo que sí funcionaron los parquímetros fue para que las empresas concesionarias hicieran un gran negocio con la privatización del espacio público. Se confirmó la máxima que dice que siempre que se entrega un recurso público para explotación de privados estos se enriquecen, y los beneficios para la ciudadanía son mínimos, si no es que nulos.
Según la información pública de Ecoparq, de enero de 2012 a marzo del presente año, los recursos generados por ese programa de parquímetros, por ingresos de los aparatos y el cobro del retiro del candado, ascendieron a $4,932.4 millones de pesos. Los recursos se han distribuido en un 70% para las concesionarias y 30 para la Ciudad.
Para demostrar que el fin del Gobierno de Mancera era privatizar el espacio público para enriquecer a unos cuántos concesionarios mientras la Ciudad sólo recibe montos irrisorios de un nuevo impuesto que pagan los ciudadanos por estacionarse en vía pública, basta con ver las consecuencias de cambiar la figura de PATR para cambiarla a concesión.
En 2017, ya habían pasado 7 años en que se entregaron a empresas privadas las calles de más de 90 colonias, la Secretaría de Movilidad a cargo de Héctor Serrano, acuerda el cambio a la figura de concesión para estar a acorde con la recién estrenada Ley de Movilidad.
Serrano sumó a las ya exorbitantes ganancias de los concesionarios el 70% de lo cobrado por el retiro del candado inmovilizador. Antes estos recursos entraban directamente a la Tesorería de la Ciudad.
Además, los beneficia ampliando el plazo de la concesión: con los PATR, los permisionarios tenían derecho a explotar los parquímetros por 10 años y a dos prórrogas por el mismo lapso; es decir, podrían ampliar el negocio con las calles de la ciudad durante 30 años, con vencimiento a 2039.
En 2019, la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum canceló varias concesiones porque no cumplieron con lo acordado y porque no estaban en operación.
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