Rebeca Marín
En medio de un creciente debate por los efectos de la gentrificación en diversas zonas de la capital, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un ambicioso acuerdo para facilitar la producción de vivienda social, pública y asequible, con el objetivo de reducir hasta en un 85 por ciento los tiempos de gestión actualmente requeridos para desarrollar proyectos habitacionales.
Durante el anuncio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció que la burocracia ha sido uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad.
"Se tarda muchísimo todos los trámites, y parecía que nos enfrentábamos a grandes muros para la construcción de vivienda. Y así lo es, son muros burocráticos que hay que romper", afirmó.
Brugada explicó que este acuerdo busca dar solución a una problemática histórica que ha afectado durante décadas a quienes intentan acceder a una vivienda digna.
"A cualquiera que se le pregunte cuánto tiempo ha utilizado para gestionar una vivienda dirá: de tres años en adelante. Algunos que me van a ver al Zócalo ciudadano me dicen: '20 años gestionando la vivienda'. O sea, no puede ser", lamentó.
El nuevo acuerdo contempla, entre otras medidas, la creación de una ventanilla única interinstitucional, la reducción de plazos en trámites y dictámenes, así como exenciones de pago en materias específicas. También se agilizarán los procesos relacionados con alineamientos, bonificaciones y dictámenes técnicos en materia ambiental.
Además, se implementará una plataforma digital única para dar seguimiento en tiempo real a los trámites de gestión de vivienda. Según la mandataria capitalina, esta herramienta permitirá a los interesados conocer el estado de sus solicitudes y los pasos a seguir.
"Estamos bajando casi todos los trámites a 15 días. Por eso decimos que es un paso histórico", subrayó Brugada, al indicar que el proceso de gestión, que antes podía durar hasta cuatro años, ahora podría resolverse en un promedio de cuatro meses.
Entre los cambios más relevantes, se encuentra la evaluación de impacto ambiental, que antes tomaba hasta 40 días hábiles y que ahora podrá resolverse en un solo día, siempre que el predio no cuente con arbolado ni condiciones especiales. Asimismo, el programa interno de protección civil pasará de requerir 120 días a solo 10 días naturales.
"Estamos garantizando entonces que tengamos las condiciones para lograr, en poco tiempo, romper esos muros burocráticos que han secuestrado la gestión de vivienda", aseguró la jefa de Gobierno.
El acuerdo será publicado en la Gaceta Oficial Bis de la tarde de este miércoles y forma parte de una estrategia integral para fortalecer el derecho a la vivienda, especialmente en el contexto de las tensiones sociales generadas por la gentrificación.
Este anuncio ocurre mientras se intensifica la discusión pública sobre el encarecimiento del suelo en colonias consideradas de Alta Tensión Inmobiliaria, fenómeno que ha derivado en el desplazamiento de habitantes de bajos ingresos y en la transformación del tejido social de varias zonas tradicionales de la capital.
"Tenemos una meta de seguir fortaleciendo la política social de vivienda, y eso lo tenemos garantizado", concluyó Brugada.
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