Martín Aguilar
Ante la persistencia de hechos violentos en la zona centro y sur del estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) informó que ha detectado nuevos casos de familias que han decidido dejar sus hogares y migrar hacia Durango.
El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, señaló que la institución ya solicitó la colaboración de su homóloga en Durango para dar seguimiento a estas personas, luego de conocer que varios grupos se han asentado en comunidades rurales de esa entidad vecina.
"Estamos atentos a lo que está sucediendo con la gente nuestra que se está desplazando a Durango. El día de ayer enviamos un oficio a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango, donde le solicitamos que estén atentos a cualquier situación de nuestros vecinos de Sinaloa que se están estableciendo en Durango por este problema", declaró.
Loza Ochoa precisó que no existe aún un censo oficial que determine el número exacto de personas desplazadas, pero se tiene conocimiento de que varias familias originarias de Culiacán se encuentran viviendo en aquella entidad. Algunos de los nuevos barrios donde se han establecido son identificados localmente con el nombre de "Culiacancito", debido a la procedencia de sus habitantes.
Explicó que los desplazamientos recientes están vinculados con la inseguridad que persiste en regiones rurales de Sinaloa. Uno de los casos más recientes fue registrado en el municipio de Badiraguato, donde habitantes de aproximadamente 12 comunidades decidieron abandonar sus hogares por la presencia de hechos violentos y trasladarse a la cabecera municipal en busca de protección.
El presidente de la CEDH subrayó que este fenómeno no es nuevo, pero ha vuelto a intensificarse desde hace más de un año, sobre todo en municipios del centro y sur del estado. Recordó que históricamente el desplazamiento forzado en Sinaloa ha estado asociado a conflictos entre grupos delictivos, ausencia de seguridad y falta de garantías para el retorno.
La CEDH, dijo, mantiene comunicación con la Secretaría de Bienestar del Estado (Sebides), instancia que tiene registro de casi mil 800 familias desplazadas en diferentes etapas, y consideró necesario establecer mecanismos permanentes de atención para garantizar sus derechos humanos, vivienda y acceso a servicios básicos.
Loza Ochoa añadió que no descarta plantear formalmente al Gobierno de Sinaloa y al de Durango la creación de un acuerdo de coordinación para atender a las personas desplazadas. "Nuestro papel es acompañar a las familias y evitar que se normalice esta situación. Lo que estamos viendo es que el desplazamiento sigue ocurriendo y ahora trasciende las fronteras del estado", concluyó.
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