La Constitución Política mexicana es muy clara y específica en cuanto a la libertad de expresión y el derecho a la información.
El artículo 6, señala: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa".
Las excepciones se ubican cuando se "ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros".
El artículo 7, es preciso: "Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información o ideas, a través de cualquier medio".
"No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares", establece el precepto constitucional.
Lo anterior requiere ser recordado en cuanto a la protección del periodismo desde la máxima Carta Magna.
Sin embargo, siempre han estado latentes las tentaciones autoritarias para limitar la libertad de expresión en todas sus manifestaciones.
El periodismo crítico siempre ha sido incómodo para el poder, puesto que exhibe sus abusos y prepotencia.
A ningún servidor público, legislador o juzgador, le agrada que el periodismo escarbe las entrañas de los excesos y actos de corrupción.
Pero lo anterior, tiene una franja muy delgada relativa a la vida personal de los señalados, aun cuando sean personajes públicos.
Lo cierto es que estos días esas tentaciones autoritarias, cobraron fuerza desde el poder, particularmente en Campeche y Puebla.
En Puebla, el pasado viernes entró en vigor la "Ley de Ciberseguridad", conocida como "Ley Censura".
Dicha ley castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales.
El gobierno morenista de Alejandro Armenta, no se caracteriza precisamente por ser un defensor de la libertar de expresión, sino todo lo contrario.
Derivado de ello, un juez vinculó a proceso al periodista, pero más grave resultó prohibirle ejercer el periodismo.
En los hechos, dicho juez se convirtió –a petición de la gobernadora- en un censor que prohíbe el ejercicio crítico del periodismo.
¿Esos son los primeros pasos para escalar la censura desde Palacio Nacional? ¿Armenta y Sansores pueden pisotear a su antojo y capricho el Artículo 6 de la Constitución?
La organización Artículo 19, alertó sobre el riesgo latente para la libertad de expresión.
¿Habrá alguna sanción o castigo para quienes inciten el odio hacia el periodismo crítico y comprometido?
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó al veterano periodista Jorge Luis González Valdez, de difundir publicaciones –que a su juicio- promueven mensajes de odio.
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