PRI impugna elección judicial y exige nulidad por baja participación e irregularidades

Martín Aguilar

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una impugnación formal contra la elección judicial del pasado 1 de junio, al considerar que se violaron principios constitucionales y se vulneró la legitimidad democrática del proceso.

 

El presidente del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortés, informó que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano fue promovido por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, ante la evidente transgresión a los principios de certeza, legalidad y legitimidad, pilares del sistema democrático mexicano.

 

Uno de los principales argumentos del recurso es el bajo nivel de participación ciudadana, que -según el PRI- apenas alcanzó alrededor del 12 por ciento del padrón, lo cual, a su juicio, compromete la validez de los resultados. Esta situación, sostienen, mina la legitimidad del proceso y justifica la nulidad de la elección con base en principios constitucionales.

 

Betanzos señaló que durante el proceso se documentó la creación, difusión y uso de los denominados "acordeones", materiales con propaganda electoral indebida que -afirmó- violaron la libertad del voto y generaron un contexto de inequidad en la contienda.

 

"Estas acciones incumplieron los valores constitucionales que tutelan el derecho de las y los mexicanos a votar en elecciones libres y auténticas, con piso parejo", enfatizó el dirigente priista.

 

Asimismo, argumentó que la baja participación ciudadana fue consecuencia directa de irregularidades graves y de la falta de condiciones para garantizar un ejercicio libre y seguro del sufragio.

 

Por ello, el PRI solicitó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declare la nulidad del proceso electivo y ordene su reposición íntegra en condiciones de equidad y libertad, conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación electoral vigente.

 

"El único camino para salvaguardar el Estado de Derecho y la legalidad es declarar la nulidad de la elección", concluyó Betanzos Cortés. 


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