Martín Aguilar
Las personas legisladoras que conforman las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso capitalino, avalaron el dictamen de la iniciativa enviada al Poder Legislativo local por la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, tendiente a terminar con prácticas abusivas en el espacio público, que implica poner orden entre los franeleros, aquellos que apartan lugares para que un automovilista pueda estacionar su vehículo en la calle.
Se trata de la propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar el uso indebido del espacio público por parte de personas que apartan lugares o exigen pagos a automovilistas, conocidos como franeleros o viene viene.
Quedó establecido en el dictamen, entre otras cosas, un arresto de hasta 36 horas sin posibilidad de conmutación por multa o trabajo comunitario para quien exija, coaccione o intimide a una persona a cambio de vigilar, cuidar, lavar o apartar un vehículo en la vía pública.
Dentro de lo propuesto se tiene previsto lanzar la campaña "El espacio público es de todas y todos" para informar a la ciudadanía sobre las conductas prohibidas y las vías de denuncia ciudadana, promoviendo el respeto al espacio urbano.
En la sesión de los congresistas que se realizó en la modalidad a distancia, cuya conducción estuvo a cargo del presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, se aclaró que la finalidad es reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones.
Durante su participación, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, consideró que al dictamen aprobado le falta mucho a integrar y que, se requiere un análisis más profundo de lo que se quiere establecer en la ley.
A su vez, diputados panistas consideraron que se puede enriquecer el documento, a la vez que hicieron votos porque cuando se presente ante el pleno del Legislativo local se acepten propuestas a agregar.
El dictamen en sentido positivo, presentado por Martínez Urincho, va dirigido a adicionar la Fracción XXXIX al Artículo 3, el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y espacio público, último párrafo al Artículo 31 y reformar el Artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Al respecto, el congresista de Morena delineó: "el propósito es que las personas gocen de la movilidad, al uso y disfrute del espacio público, reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones a través de una política pública que establezca sanciones específicas, con irrestricto respeto a los derechos humanos".
Con base a la propuesta, se propone que toda persona que aparte lugares con objetos, que obstaculicen el libre tránsito o pida dinero por dejarlo estacionarse en la vía pública, podría ser acreedor a una sanción de 24 a 36 horas de arresto.
Los representantes populares del partido en el poder, durante la sesión de las comisiones, estuvieron de acuerdo en que la iniciativa enviada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle.
Se sanciona a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a habitantes de la gran urbe o visitantes para obtener dinero; así como cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.
El posicionamiento en el Poder Legislativo local es recuperar el derecho de todos al espacio público y ofrecer alternativas de inclusión laboral a quienes hoy operan en la informalidad.
De prosperar el dictamen ante el pleno del Congreso, el arresto ya no podrá sustituirse por multas ni por trabajo comunitario, con un endurecimiento de la respuesta frente a la tarifación y amenazas.
Acompaña el documento un esquema de empleo formal y fomento al emprendimiento para quienes desempeñan esta actividad, mediante un censo de franeleros y apoyo de las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y de Desarrollo Económico (SEDECO).
Lo que se quiere es recuperar la vía y espacio público e inhibir delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena, por parte de personas que apartan lugares en la calle mejor conocidos como franeleros o viene viene.
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