Martín Aguilar
Las investigaciones penales por la interrupción del embarazo en México van al alza. Durante los primeros siete meses de este 2025, fiscalías estatales del país han comenzado 522 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el delito de aborto.
Dicha cifra representa un incremento respecto a las investigaciones iniciadas por este mismo tema entre enero y julio de 2024, cuando se registraron 459 casos indagados por autoridades estatales.
En México, las ocho entidades que aún no despenalizan el aborto voluntario son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
Pese a ello, según datos del Secretariado Ejecutivo federal —que recopila las carpetas de investigación o averiguaciones iniciadas por la Fiscalía federal y estatales—, la mayoría de investigaciones penales por abortar en 2025 se concentran en dos entidades: Ciudad de México, con 146 casos; y Nuevo León, con 144.
Hasta abril de este 2025, 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación (en Sinaloa, hasta las 13 semanas), según información oficial recopilada por organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Por ello, aquellas personas gestantes que interrumpan su embarazo después de las semanas permitidas como máximo de gestación, pueden ser investigadas penalmente.
Otras entidades que registran un alto número de investigaciones por el delito de aborto en México durante estos primeros siete meses de 2025 son el Estado de México, con 66 casos; Baja California, con 34; y Tamaulipas, con 33.
De las entidades que lideran las indagatorias por aborto, la CDMX, el Estado de México y Baja California, tienen despenalizado el aborto en sus códigos penales hasta las 12 semanas de gestación.
Otros estados con la interrupción del embarazo voluntario despenalizado, y que mantienen investigaciones abiertas por esta acción a la fecha, son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Mientras que solo Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Nayarit, Durango y Campeche no tienen investigaciones abiertas por aborto en este 2025.
Es decir, en 24 de las 32 entidades hay carpetas de investigación abiertas contra mujeres por el delito de abortar, ya sea posterior a las 12 semanas de gestación, o porque en la entidad donde interrumpieron su embarazo aún no se despenaliza.
La despenalización del aborto en México ha avanzado significativamente en los últimos años, impulsada por movimientos feministas y fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde 2007, la Ciudad de México fue la primera entidad en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, marcando un precedente. A partir de 2021, la SCJN emitió sentencias clave, como la que declaró inconstitucional penalizar el aborto, lo que impide procesar penalmente a personas gestantes en todo el país.
A pesar de estos avances, ocho entidades aún no han despenalizado el aborto voluntario, manteniendo restricciones que solo permiten la interrupción del embarazo bajo causales específicas, como violación, riesgo para la salud o malformaciones fetales.
Sin embargo, la sentencia de la SCJN de 2021 garantiza que ninguna persona puede ser penalizada por abortar, incluso en estas entidades, aunque la falta de armonización legislativa crea barreras prácticas. Además, en estados donde el aborto es legal, persisten desafíos como la objeción de conciencia del personal médico o la falta de acceso a servicios públicos.
Cabe destacar que para iniciar una carpeta de investigación por algún delito es necesario que se presente una denuncia o querella ante la autoridad competente. La autoridad revisará la información y, si se considera que hay indicios de un delito, se abrirá la carpeta, misma que puede llegar a ser judicializada ante un juez.
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