Rebeca Marín
Para que los comerciantes populares expongan sus necesidades y problemas que les aquejan, la coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente del Congreso de la Ciudad de México, diputado Diana Sánchez Barrios, impulsa la creación del Parlamento del Comercio Popular en el reglamento de ese órgano deliberativo, a fin de que tener políticas públicas más incluyentes y armonizar a norma porque hay mucha reglamentación al respecto.
En el encuentro del comercio popular de la capital del país organizado por la legisladora, se dio cuenta que más de un millón 126 mil personas se incorporaron en la metrópoli a lo que discriminatoriamente se ha denominado "trabajo informal", conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por ello, la congresista pugnó por buscar soluciones a los problemas del comercio popular, a la vez que se refirió a la importancia de la creación de un foro de discusión y análisis, al afirmar que es necesario que "exista un espacio legislativo especial en donde los comerciantes populares puedan participar para exponer sus necesidades y problemáticas".
Dijo que esas más de un millón 126 mil personas que se incorporaron a lo que histórica y discriminatoriamente se ha denominado "trabajo informal", de acuerdo la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, contribuyen con casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital.
Sostuvo que, a pesar de su contribución a la economía de la capital, son uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, discriminados y olvidados por las diferentes autoridades, además de que no tienen acceso a la seguridad social.
Mencionó que de manera particular se impulsa la iniciativa para crear el Parlamento del Comercio Popular en el reglamento del Congreso de la capital, a fin de que "exista un espacio legislativo especial en donde los comerciantes populares puedan participar para exponer sus necesidades y problemáticas, además de conocer de los avances regulatorios en la materia, para que conozcan y ejerzan sus derechos sociales, económicos y culturales, así como para que se asuman como parte del desarrollo económico de la capital".
Pugnó por reflexionar sobre los derechos y la justicia social que debe acompañar todo esfuerzo por la ampliación de la democracia en la gran urbe.
"Digo justicia social porque la referencia es la exclusión a la pobreza, a la precariedad, a la marginación y a la falta de oportunidades que afectan a decenas de miles de personas que tienen como única fuente de ingresos su trabajo en la vía pública. Este sector representa a uno de los grupos más vulnerados, discriminados y abandonados de la sociedad mexicana", sentenció.
En su momento, la coordinadora de la bancada de Morena en el recinto de Donceles y Allende, Xóchitl Bravo Espinosa, expuso que en el comercio confluyen todas las personas que venden en los espacios públicos, tianguis, mercados y en los vagones del Metro.
Por lo anterior, calificó de necesaria la creación de un parlamento para este grupo poblacional, que permita escuchar las áreas de oportunidad que lleven a la construcción de leyes que las atiendan, con una visión social.
Destacó la importancia de llevar a cabo un parlamento sobre el comercio popular en la Ciudad de México, en el que los propios vendedores en la vía pública, mercados públicos, tianguis y bazares alternativos, entre otros espacios, puedan presentar iniciativas que contribuyan a transformar y fortalecer dicho sector.
"Los parlamentos que tenemos en el Congreso de la ciudad son muchos, son distintos. Tenemos el Parlamento de las Mujeres, de los Jóvenes, de Pueblos Indígenas. Son muchos parlamentos, pero nos faltaba uno fundamental, que es el Parlamento del Comercio", sostuvo.
En su momento, la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), Ruth Francisca López Gutiérrez, sostuvo que se deben crear políticas públicas más incluyentes para las y los comerciantes de la vía pública, así como trabajar para que su actividad la desarrollen en condiciones más justas y en espacios dignos.
La titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nadia Sierra Campos, sostuvo que es urgente armonizar la norma en la materia porque actualmente hay mucha reglamentación al respecto, lo que afecta el desempeño de las personas trabajadoras de esta modalidad.
A su vez, la secretaria ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS), Hilda Téllez Lino, recalcó la necesidad de dignificar el trabajo de las y los comerciantes populares, reconocer sus historias y proteger a sus familias, además de incorporarles en el análisis del fenómeno de la gentrificación, por el que también son afectados.
Por su parte, la representante de la Unión de Vendedores, Fijos, Semifijos y Ambulantes en los Giros Varios de la Alameda Central A.C., Esperanza Alcántara Castillo, propuso realizar un diagnóstico de este sector, crear un ombudsperson de este sector, reconocer a las personas autoempleadas en el espacio público y crear una Ley de Comercio.
En su momento, la comerciante María Elena Luna García resaltó que este grupo es invisibilizado y objeto de desalojos, extorsiones, corrupción, criminalización y discriminación por parte de las autoridades, además de que carecen de servicios públicos en el desempeño de sus actividades, lo que es violatorio de sus derechos humanos.
Zuleika López Castellanos, de la organización de la Sociedad Civil, Milpa Patria y Soberanía, aseveró que, "en el terreno del marco jurídico existen grandes deudas históricas con el comercio popular para la defensa y protección de la actividad comercial y hacía las personas comerciantes".
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