Alberto Moreno
Valle de México-. Tras cinco años de lucha jurídica y social, la diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció un logro sin precedentes: una sentencia definitiva que garantiza el acceso al agua limpia para todas y todos los habitantes de Ecatepec. El fallo, emitido por el Juzgado Décimo de Distrito del Segundo Circuito en el juicio de amparo 350/2020, ordena la implementación inmediata de un proyecto con presupuesto para restaurar la red hidráulica del municipio.
La resolución judicial representa un parteaguas en la vida de más de 1,700,000 personas que habitan en uno de los municipios más poblados del país. Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, destacó que este fallo responde a las demandas de 7,100 personas amparadas en 17 juicios colectivos, quienes durante años enfrentaron dilemas cotidianos como elegir entre comer o comprar agua, o consumir agua contaminada con riesgo para su salud.
Desacato y proceso de destitución
Pese al mandato judicial, Silva denunció que las autoridades locales continúan suministrando agua contaminada proveniente de pozos suspendidos, ignorando las resoluciones judiciales. Ante este flagrante desacato, se ha iniciado el proceso de destitución de la presidenta municipal Azucena Cisneros y del director de SAPASE por múltiples incidentes de inejecución de sentencia.
La diputada calificó la resolución como histórica a nivel nacional, al visibilizar la falta de una política hídrica equitativa y dar un paso firme hacia la recuperación de la red hidráulica, con tecnología, innovación y vigilancia en la distribución del agua. 'Hoy, Ecatepec da un paso hacia la vida digna, pese a la negligencia de sus autoridades', concluyó Silva Mata.
La sentencia ordena a la presidenta municipal de Ecatepec y al director del organismo SAPASE proporcionar agua limpia a través de la red hidráulica. En caso de fallas, deberán realizar reparaciones inmediatas. Además, se instruye otorgar bonificaciones a grupos vulnerables y presentar en un plazo de 10 días un programa integral de conservación y reparación de infraestructura hídrica ante instancias estatales y federales como CAEM, CONAGUA, OCAVAM y el Congreso del Estado de México.
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