La Barriada/Martín Aguilar/El que la hace, la paga

Luego que el Congreso de la CDMX aprobará el Código Fiscal con los nuevos impuestos del pago del 2% a las aplicaciones de comida y 3.25 % a hospedaje, la bancada del PAN en voz de su coordinador, Christian Von Roehrich, lamento que con la participación del PRD y del PRI se haya consumado un atropello en contra de los capitalinos, que ni los beneficia y al contrario solo los perjudica.

Von Roehrich anunció que buscará interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de los nuevos impuestos aprobado en el Código Fiscal, principalmente, aquel relacionado con el cobro del 2 por ciento a las aplicaciones electrónicas por servicios de entrega a domicilio.

 

Consecuentemente, explicó Von Roehrich, este impuesto de la 4T, viola algunos otros artículos constitucionales como el cuarto, el primero o el once de la Constitución federal y vemos que, ante tal inconstitucionalidad, "buscaremos la acción de inconstitucionalidad por este impuesto y también por el otro respecto al cobro del streaming o del uso de plataformas digitales para espectáculos".

 

"Para que podamos acceder a la realización de una acción de inconstitucionalidad, necesitamos al menos 22 firmas, el PAN cuenta con 17 aseguradas, pero necesitamos de 5 más de la oposición, para que nuestro escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad pueda ser presentado ante la Corte".

 

Esta acción, fue anunciada por el Coordinador Von Roehrich, junto con los diputados Diego Garrido, Aníbal Cañez y Luisa Gutiérrez, quienes añadieron que estarán buscado a legisladores de otros grupos parlamentarios, con objeto de tratar de tener su firma y de esta forma, apoyen la causa de tumbar estos inconstitucionales impuestos novedosos que crea el Gobierno de la Ciudad, los cuales tienen fines meramente recaudatorios e injustos.

 

Además, van a poner a consideración del empresario y los ciudadanos, un formato de amparo para que, de forma particular, los ciudadanos puedan acudir a los tribunales.

 

Esta imposición es inconstitucional en virtud de que: 1. Desnaturaliza la figura de los aprovechamientos, pues habla de la utilización de la infraestructura de la Ciudad de México, sin embargo, no existen funciones de derecho público o explotación de bienes del dominio público que requieran su utilización y respalden la imposición.

 

Es violatorio del principio de proporcionalidad, pues la base es el cobro total por cada entrega -antes de impuestos- sin que ello represente una fuente de riqueza real para estas plataformas. Desconoce el modelo de negocio y que el ingreso recibido por estas empresas no atiende al cobro total al consumidor final.

 

Es violatorio del principio de equidad al imponerles este aprovechamiento a empresas y conductores que funcionan a través de herramientas digitales y no a otro tipo de empresas convencionales de servicios de mensajería o entrega, que prestan exactamente el mismo.

 

El efecto disuasorio que tiene este aprovechamiento sobre una de las actividades económicas más importantes para la crisis derivada de la Pandemia Covid-19 -uno de los mecanismos que ayudaron a seguir las medidas de aislamiento y en el que los capitalinos encontraron una alternativa para generar ingresos y subsistir- restringe de manera injustificada el libre ejercicio del comercio.

 

Por lo que ya se verá a partir de enero si el amparo, que junto con los trabajadores de aplicaciones que esta semana hicieron una protesta, aduciendo que esta medida es coercitiva y miserable, porque atenta contra sus ingresos, por lo que no estarán dispuestos a pagar más de lo que desembolsan. 

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