Procesan a la ex Oficial Mayor de la ex PGR por desvío de recursos

Rebeca Marín

Un tribunal federal ratificó que Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, debe continuar sujeta a proceso por un supuesto desvío de más de 852 millones de pesos en la compra de 24 camionetas con equipo de espionaje.

 

Luis Pérez de la Fuente, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal en esta capital, confirmó la vinculación a proceso dictada el pasado 3 de junio a la ex funcionaria por uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

 

"Esta persona es probable responsable del desvío de una fuerte cantidad de dinero, asignada a una partida de gastos de seguridad pública y nacional, durante los ejercicios fiscales de 2013 y 2014", indicó la Fiscalía General de la República.

 

El magistrado confirmó la vinculación a proceso dictada hace cuatro meses por Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, durante una audiencia.

 

Como medidas cautelares, la juez Moguel le impuso en aquella ocasión el uso de un brazalete electrónico, el pago de una garantía de 10 millones de pesos, la prohibición de salir sin autorización de la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo, así como del país.

 

También su presentación periódica quincenal a la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse a las instalaciones de la FGR, la Policía Federal Ministerial (PFM), a sus coimputados o alguno de los fiscales encargados de su proceso penal.

 

En este asunto también fueron vinculados a proceso Vidal Díazleal Ochoa, ex director de la PFM; y el Contralmirante César Ramírez Torralba, ex director General Adjunto del Centro Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO).

 

La imputación contra los tres tiene su origen en la compra de equipo para tareas de informática, comunicaciones e inteligencia, incluidas 24 camionetas Van con dispositivos de espionaje.

 

Estos contratos adjudicados en 2013 y 2014 a las empresas Acumen Telecomunicaciones y Vans y Suvs de Lujo fueron por más de 852 millones y se acusan de indebidos porque se hicieron con dinero de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, sin que, a decir de la FGR, se justificaran las condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad que la norma exige para ejercer dichos fondos.

 

Además de este asunto, Gómez Molano tiene otro proceso por la supuesta compra con sobreprecio de un avión Bombardier Challenger CL-600 en 19.6 millones de dólares. El sobrecosto fue estimado en 3.2 millones de dólares.

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