Diana Salazar Palma
La discusión sobre la división de poderes en México ha cobrado nueva relevancia, centrándose en el controvertido papel del Poder Judicial. En el programa audiorama 1530 "Así lo dice Lamont", la licenciada Nayeli Paredes, experta en teoría jurídica y derecho constitucional, abordó la crítica del libro "Contra el gobierno de los jueces" de Jeremy Waldron, planteando la necesidad de una verdadera autonomía judicial frente a los otros poderes.
La licenciada Paredes señaló que, históricamente, el Poder Ejecutivo y Legislativo han gozado de legitimación popular al ser elegidos por voto directo. Sin embargo, el Poder Judicial, al no ser electo, ha basado su legitimidad en el apego a la ley y la Constitución en sus sentencias. "A mí me parece que en el actuar de los jueces no siempre ocurría así", afirmó Paredes, sugiriendo que las decisiones judiciales no siempre respondían al bien común.
Citando a Waldron, la experta cuestionó por qué un poder no electo debería tener la "última decisión" sobre políticas públicas o leyes aprobadas por la voluntad popular. Paredes ejemplificó esta preocupación con un escenario hipotético sobre el derecho al agua: si la ciudadanía vota por una ley que garantice el acceso universal al agua, y un grupo reducido de jueces la anula basándose en la capacidad de pago, la democracia se ve comprometida. "Ahí es donde viene el gobierno de los jueces. Los jueces ya no se encargan de aplicar la ley, sino de gobernar", sentenció.
La discusión también recordó el polémico historial del Poder Judicial mexicano, con menciones a resoluciones controvertidas en casos como la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual y la influencia de despachos como el de Lozano Gracia y Diego Fernández de Ceballos en decisiones judiciales, incluso durante el proceso de desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se hizo alusión a la crítica del extinto abogado Ignacio Burgoa, quien calificaba a los poderes de la Unión como "lacayos del Ejecutivo" en épocas pasadas.
Un ejemplo reciente que generó controversia fue la suspensión de la entrega de libros de texto gratuitos, a solicitud de los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, una decisión que, según Paredes, "no es nada una práctica nada democrática" y pone en entredicho el interés superior del menor.
Frente a esta situación, la licenciada Paredes enfatizó que la reforma al Poder Judicial en curso busca que los tres poderes "respondan únicamente al pueblo" al ser elegidos por voto popular. Con este cambio, se espera una verdadera división de poderes sin "invasión de competencias entre uno y otro".
La reforma también contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, distinto al Consejo de la Judicatura Federal, cuya función será "revisar el actuar" de jueces, magistrados y ministros. Esto incluye fiscalizar dilaciones en la resolución de sentencias y asegurar que la justicia se otorgue a la ciudadanía de manera oportuna, con plazos máximos ya establecidos en el Artículo 17 constitucional.
"Estamos atravesando un momento histórico que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo", concluyó la licenciada Paredes, invitando a la audiencia a informarse para que el rumbo del país sea el mejor.
La discusión sobre la división de poderes en México ha cobrado nueva relevancia, centrándose en el controvertido papel del Poder Judicial. En el programa audiorama 1530 "Así lo dice Lamont", la licenciada Nayeli Paredes, experta en teoría jurídica y derecho constitucional, abordó la crítica del libro "Contra el gobierno de los jueces" de Jeremy Waldron, planteando la necesidad de una verdadera autonomía judicial frente a los otros poderes.
La licenciada Paredes señaló que, históricamente, el Poder Ejecutivo y Legislativo han gozado de legitimación popular al ser elegidos por voto directo. Sin embargo, el Poder Judicial, al no ser electo, ha basado su legitimidad en el apego a la ley y la Constitución en sus sentencias. "A mí me parece que en el actuar de los jueces no siempre ocurría así", afirmó Paredes, sugiriendo que las decisiones judiciales no siempre respondían al bien común.
Citando a Waldron, la experta cuestionó por qué un poder no electo debería tener la "última decisión" sobre políticas públicas o leyes aprobadas por la voluntad popular. Paredes ejemplificó esta preocupación con un escenario hipotético sobre el derecho al agua: si la ciudadanía vota por una ley que garantice el acceso universal al agua, y un grupo reducido de jueces la anula basándose en la capacidad de pago, la democracia se ve comprometida. "Ahí es donde viene el gobierno de los jueces. Los jueces ya no se encargan de aplicar la ley, sino de gobernar", sentenció.
La discusión también recordó el polémico historial del Poder Judicial mexicano, con menciones a resoluciones controvertidas en casos como la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual y la influencia de despachos como el de Lozano Gracia y Diego Fernández de Ceballos en decisiones judiciales, incluso durante el proceso de desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se hizo alusión a la crítica del extinto abogado Ignacio Burgoa, quien calificaba a los poderes de la Unión como "lacayos del Ejecutivo" en épocas pasadas.
Un ejemplo reciente que generó controversia fue la suspensión de la entrega de libros de texto gratuitos, a solicitud de los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, una decisión que, según Paredes, "no es nada una práctica nada democrática" y pone en entredicho el interés superior del menor.
Frente a esta situación, la licenciada Paredes enfatizó que la reforma al Poder Judicial en curso busca que los tres poderes "respondan únicamente al pueblo" al ser elegidos por voto popular. Con este cambio, se espera una verdadera división de poderes sin "invasión de competencias entre uno y otro".
La reforma también contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, distinto al Consejo de la Judicatura Federal, cuya función será "revisar el actuar" de jueces, magistrados y ministros. Esto incluye fiscalizar dilaciones en la resolución de sentencias y asegurar que la justicia se otorgue a la ciudadanía de manera oportuna, con plazos máximos ya establecidos en el Artículo 17 constitucional.
"Estamos atravesando un momento histórico que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo", concluyó la licenciada Paredes, invitando a la audiencia a informarse para que el rumbo del país sea el mejor.
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