Martín Aguilar
El 3 de noviembre de este año vence el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) a título oneroso, mediante el cual, en 2015, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, otorgó 77 mil 798 metros cuadrados de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca al Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, S.A. de C.V., en Iztacalco. El permiso permitió durante 10 años la construcción, operación, explotación y mantenimiento del estadio de béisbol del equipo Diablos Rojos del México.
El permiso también incluyó el uso y usufructo de los espacios destinados para estacionamientos y el área de comida rápida, en una zona que formaba parte del principal pulmón ambiental de la zona oriente de la ciudad y que, hasta entonces, estaba protegida como área verde.
El espacio, antes arbolado, hoy es explotado de manera privada por Alfredo Harp Helú, uno de los 41 hombres más ricos y de los 61 más poderosos de México, según publicaciones como Forbes y Líderes.
Ante el avance de la destrucción ambiental y la privatización de espacios públicos, mil 297 vecinos de 229 colonias de las 16 demarcaciones de la ciudad entregaron una carta a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En ella le solicitan no otorgar prórroga alguna al PATR del estadio Harp Helú, argumentando que, en una década, la ciudad no ha recibido ningún ingreso económico por el uso de estos terrenos, ya que el único compromiso asumido por el concesionario fue destinar 29.5 millones de pesos anuales al mantenimiento del inmueble.
En la misiva, los firmantes reflexionan sobre la vulnerabilidad de los habitantes frente a emergencias sanitarias, como quedó demostrado durante la pandemia de COVID-19, donde se evidenciaron los efectos de los malos hábitos alimenticios y la falta de espacios públicos para la actividad física. Señalan también que, en la mayoría de los deportivos públicos de la ciudad, los espacios están privatizados.
El deterioro y concesión de instalaciones públicas provocan que sólo quienes pueden pagar gimnasios u otros servicios privados practiquen ejercicio, haciendo que el derecho al deporte sea prácticamente inexistente en la Ciudad de México.
Además, criticaron al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, el cual, aseguran, ha actuado más como un ente privatizador que como promotor del deporte, reflejado en su escaso presupuesto: alrededor de 30 pesos anuales por habitante. La falta de una política pública efectiva en materia de deporte, agregan, ha derivado en una alta tasa de comorbilidades en la población.
Los firmantes recordaron que, durante la pandemia, la falta de espacios públicos, las malas condiciones habitacionales -sin agua corriente permanente ni condiciones dignas-, y los malos hábitos de salud contribuyeron a más de 44 mil defunciones y más de 1.9 millones de contagios en la capital.
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