Rebeca Marín
El caso que se sigue en Yucatán, entre los empresarios Castilla Roche y Ponce García, se ha convertido en un tema de interés nacional por el riesgo de que el Poder Judicial se utilice para pleitos intrafamiliares con efectos severos sobre derechos constitucionales de todos los mexicanos. Con el juicio ya cerrado en su fase probatoria.
Interrogados los testigos de ambas partes y asentadas múltiples contradicciones en los dichos de cargo, el expediente transita a una etapa decisiva cuyo desenlace podría fijar precedente con impacto nacional.
De acuerdo con constancias incorporadas a la causa, la defensa ofreció prueba del Archivo General de Notarías que acredita la vigencia del poder para actos de dominio utilizado en todas las operaciones, con su segundo testimonio en cada escritura. Ese elemento —señalan— desarticula el supuesto de engaño típico del fraude al demostrar que las ventas se realizaron bajo facultades plenas y vigentes.
En materia temporal, la primera denuncia del querellante se presentó en Quintana Roo el 18 de septiembre de 2013, lo que activa un plazo de un año para ejercer acción penal; la querella en Yucatán ingresó el 15 de junio de 2015, es decir, más de ocho meses después de operada la prescripción legal, extinguiendo constitucionalmente la causa.
A ello se suma que el asunto fue ganado en tres instancias en Quintana Roo a favor de Castilla Roche, así como la controversia sobre competencia territorial en Yucatán, sostenida por la fiscalía con el argumento de que el supuesto delito "se planeó en un avión" sobrevolando el estado.
Especialistas consultados de la UNAM advierten que "permitir la reactivación de causas prescritas impactaría principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y cosa juzgada, un precedente que tiene implicaciones nacionales". Bajo ese contexto —y con el foco de la Suprema Corte y de medios nacionales, prevén que la resolución de primera instancia deba atender el estudio de prescripción y la eficacia del poder notarial; incluso, ante un eventual fallo adverso, consideran inescapable su corrección en segunda instancia por los mismos fundamentos.
En Yucatán y otros estados se ha vuelto una crisis recurrente el activar causas penales para dirimir pleitos intrafamiliares aun con inconsistencias de origen, desplazando la vía civil y exponiendo al Poder Judicial a desgaste y escrutinio que suelen beneficiar a actores.
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