Rebeca Marín
Empresarios de 24 locales del Centro Joyero del Centro Histórico pusieron un ultimátum al Gobierno de la Ciudad de México, para que modifique su actuar al solapar el vandalismo y los hurtos a los locales en las marchas que utilizan el Zócalo para protestar contra las autoridades. Exigieron que en lugar de únicamente resistir las agresiones, las fuerzas de seguridad ataquen y arresten al crimen organizado que aprovecha el coraje que surge en las movilizaciones para cometer delitos, atracos a farmacias, tienditas y joyerías.
Los comerciantes reportaron pérdidas de hasta 300 millones de pesos por los robos, saqueos y "actos de terrorismo" durante la protesta del dos de octubre, en la cual, el "bloque negro" anarquista dejó de lado el objetivo de la manifestación y se dedicaron a agredir a elementos de seguridad, destrozar bienes y tomar artículos con quilataje por arriba de 18 y 24.
De manera inédita, la marcha para recordar el actuar autoritario y la impunidad del gobierno priísta de 1968 que ordenó el asesinato de los estudiantes que le resultaban incómodos, se transformó en agresiones, manifestaciones de odio hacia policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en contra de fotógrafos y sociedad civil que transitaba por la Plaza de la Constitución; los anarquistas se "robaron" el motivo de la lucha y la llevaron a violencia extrema.
Los comerciantes acusaron que las afectaciones son constantes en las múltiples marchas que ocurren en la Plaza de la Constitución, sin que alguna autoridad esté dispuesta a realizar detenciones a miembros de la anarquía que con libertad toma artículos de alto valor de los negocios. Aunque el Gobierno capitalino reiteró que no responderá a ninguna provocación en contra del partido Morena, los afectados pidieron que dejen esa actitud y apliquen el peso de la Ley a los ladrones.
El área de "Los Portales", comercios que se ubican entre las calles Francisco I. Madero y 16 de Septiembre no pudo abrir al público al día siguiente de los disturbios. No tenían mercancía para vender, ni estantes para exhibir las caras alhajas. Las cortinas quedaron inservibles, además de estar rayadas, no se pudieron abrir, ya que los golpes provocaron su descuadre; los letreros con nombre de la razón social de las tiendas también fueron destruidos.
De las pequeñas aberturas en las puertas que los propietarios hicieron para ingresar, únicamente sacaron pedazos de vidrios y basura. En el interior casi todos los muebles son pérdidas totales, rayados y rotos; los rostros de los empresarios reflejan tristeza, indignación y rabia por la incertidumbre del futuro de su patrimonio en los próximos días, el cual no estaba asegurado.
Para los afectados, los encapuchados son delincuentes. Exigieron a la Fiscalía General de Justicia y a la SSC su captura inmediata: "para nosotros no es casual que este grupo haya venido con martillos y bombas molotov, venía preparado para generar este tipo de agresión. Reconocemos que la autoridad tuvo el dispositivo de seguridad, que puso las vallas, que alertó a los establecimientos mercantiles y que cerraron desde la 1 de la tarde. En una primera valoración, las pérdidas y por las ventas no realizadas, son de alrededor de 300 millones de pesos, y afectaciones a los negocios, a las joyerías, en una primera valoración, de más de 15 millones de pesos".
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