Rebeca Marín
El diagnóstico de López Obrador sobre los donativos públicos a organizaciones civiles es en parte correcto. Sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), el Ejecutivo federal reportó al Congreso de la Unión que entregó una bolsa de ocho mil millones de pesos a mil 373 asociaciones y fundaciones.
Sin embargo, la mayoría de los recursos se concentró en apenas diez relacionadas con empresarios multimillonarios, contratistas, funcionarios de su gobierno y políticos, reveló en 2019 el extinto portal digital mexico.com.
Algunas de las asociaciones eran Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, del empresario Ricardo Salinas Pliego; Poder Cívico, del exdiplomático Andrés Roemer, acusado por delitos sexuales y que actualmente se refugia en Israel, y Servi Museos A.C., responsable de la administración del Papalote Museo del Niño Monterrey y que entonces presidía Mauricio Amodio Herrera, dueño de Grupo Caabsa.
También figuraba en este grupo Puerto Cultura, que tenía como socio a Raúl Sergio Arroyo García, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante el primer tramo de gobierno peñista.
A dicha asociación la Secretaría de Cultura le entregó donativos por 59 millones de pesos para construir un museo que jamás se terminó. La Secretaría de la Función Pública determinó que hubo una "presunta simulación para adquirir bienes" e inhabilitó a la entonces titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda.
Otro caso de escándalo fue el de la Fundación Organizados para Servir, relacionada con el exlíder de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, y quien en el sexenio pasado fungió como senador por el PRI.
Entre otras transferencias, la ONG recibió un donativo para restaurar las fuentes históricas de la ciudad de Guanajuato, cosa que no sucedió, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.
Pero, aunque había apoyos donde reinaban la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción, otras organizaciones sí contribuían al bienestar social. Paradójicamente fueron las que más resintieron la falta de apoyo gubernamental.
"Lo más triste de todo esto es que la parte del sector que está más en riesgo son las organizaciones de base, las organizaciones que están menos institucionalizadas, menos en las ciudades y mucho más en las comunidades alejadas", lamenta Lucía Hidalgo.
Maritza Yeh Chan dirige un centro en Quintana Roo que da refugio y orientación a mujeres mayas que son víctimas de violencia.
Cuenta con un equipo de 12 mujeres mayas, incluidas psicólogas y abogadas, que brindan atención, asesoramiento y acompañamiento continuo a un promedio de 50 a 60 víctimas mensuales que sufren violencia y discriminación.
También brinda servicios de salud reproductiva, contención emocional, parteras y preservación de la medicina tradicional.
La Casa de la Mujer Indígena, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, no tiene relación con algún magnate, funcionario público o político de altos vuelos. Surgió a raíz del trabajo que hace la colectiva Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo.
u operación, como la del resto de estos centros en el país, depende de los recursos federales provenientes del INPI. En ocasiones reciben algunos donativos en especie de particulares, pero no siempre.
Fue así que al enterarse del recorte que hizo el Gobierno federal, y mientras duró su lucha por obtener más recursos, algunas casas tuvieron que cerrar temporalmente.
"El año pasado nos recortaron el recurso a las Casas de la Mujer Indígena cuando inició la pandemia… Nos quedamos con 25 por ciento de lo que nos iban a dar, veíamos que con ese recurso no podíamos hacer nada.
"Hay casas que tuvieron que cerrar porque no había recursos para acompañar a las mujeres, para ir a la comunidad o para comprar lo que necesitábamos…", cuenta Yeh Chan.
Justo en medio de la pandemia era cuando las indígenas necesitaban más de estos refugios porque la violencia intrafamiliar creció con el confinamiento. También porque las embarazadas buscaban a las parteras por temor a contagiarse de coronavirus en los centros de salud, añade Maritza.
De acuerdo con la encuesta Sociedad civil organizada frente al COVID-19, que publicó Alternativas y Capacidades en agosto de 2020, 70.8 por ciento de las organizaciones vieron sus recursos disminuir durante la contingencia sanitaria y 16.2 por ciento estaban en riesgo de dejar de operar.
Agrega que las organizaciones que sí recibieron donativos en medio de la pandemia, lo hicieron a través de actores privados, mientras que el gobierno, en sus tres niveles, otorgó aportaciones marginales.
"Las organizaciones participantes en la encuesta indicaron que no han visto acciones claras de parte del gobierno para colaborar con la sociedad civil organizada ante la contingencia sanitaria", indica el estudio.
0 comments:
Publicar un comentario