Rebeca Marín
El Paso, Texas. - El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Texas, en la que se imputa a dos empresarios mexicanos por su participación en un supuesto esquema de sobornos para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la petrolera estatal de México, y PEMEX Exploración y Producción (PEP), su subsidiaria de exploración y producción.
"Los acusados (ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos) presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas", declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales, Ramón Alexandro R. M., de 46 años, de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, y Mario Alberto Á. L., de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP para obtener y retener negocios para empresas asociadas con Ramón Alexandro.
Entre el 2019 y el 2021, los dos señalados y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP, a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Ramón Alexandro a obtener y mantener negocios con dichas entidades.
Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con los detenidos a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Ramón Alexandro tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.
Ramón Alexandro y Mario Alberto están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA.
De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo, y un juez federal determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
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