Rebeca Marín
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) informó que en lo que va de 2025 se han presentado denuncias por operaciones simuladas o facturas falsas equivalentes a cinco mil 600 millones de pesos, una cifra que muestra la persistencia de este esquema de fraude fiscal en el país.
Grisel Galeano García, titular de la PFF, explicó que pese a las reformas de los últimos años y los mecanismos de fiscalización, las llamadas factureras siguen operando, lo que obliga a mantener una estrategia más firme contra la defraudación.
"Durante años las facturas fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos que debían invertirse en educación, salud, infraestructura e incluso poder repartirlos entre las entidades federativas", señaló durante una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con datos de la dependencia, tan sólo entre 2022 y 2025 se presentaron 59 denuncias que sumaron más de 54 mil millones de pesos.
Galeano García precisó que en 2022 el daño al erario fue por 17 mil millones de pesos y subió a 21 mil millones en 2023, aunque bajó a 10 mil millones para 2024.
La funcionaria subrayó que los montos desviados equivalen a presupuestos completos de algunos estados de la república, así como recursos que pudieron destinarse a hospitales, carreteras, universidades y becas.
Ante este panorama, sostuvo que la propuesta de reforma al Código Fiscal no busca ser una reforma recaudatoria, sino dotar de un andamiaje jurídico robusto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la propia PFF para cerrar espacios a las operaciones simuladas.
Entre las medidas planteadas se encuentran negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a empresas vinculadas con redes fraudulentas; suspender de inmediato la facturación apócrifa; ampliar la restricción de sellos digitales; establecer visitas domiciliarias eficaces y obligar a reparar el daño al erario.
"No pretendemos endurecer sanciones por sí mismas ni imponer castigos ejemplares. Lo que buscamos es garantizar que nunca más la hacienda pública sea saqueada a través de simulaciones", aseguró Galeano.
En paralelo, reiteró que la PFF ha presentado más de 100 querellas por 16 mil millones de pesos vinculados a delitos relacionados con hidrocarburos, como parte de la estrategia de combate a la comercialización ilícita de combustibles.
"Defender la hacienda pública también es defender la soberanía energética y la seguridad nacional. El mensaje es claro: en México ya no habrá espacio para la simulación fiscal ni para la impunidad. La ciudadanía tiene derecho a saber que cada contribución se transformará en carreteras, medicinas, becas y seguridad", concluyó la procuradora.
En su intervención, María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que México atraviesa un momento único para potenciar la inversión privada, con un entorno de confianza, fundamentos macroeconómicos sólidos y proyectos que resultan atractivos para capitales nacionales y extranjeros.
La funcionaria destacó que el gobierno mantiene un diálogo constante con el sector privado y trabaja en fortalecer los mecanismos de coordinación que permitan garantizar que las inversiones contribuyan de manera ordenada y transparente a los objetivos estratégicos del Plan México.
"Actualmente nos mantenemos en diálogo constante con el sector privado y se trabaja con alta prioridad en fortalecer los mecanismos de coordinación desde el gobierno que garanticen que la inversión privada contribuya a los objetivos estratégicos del Plan México de manera transparente, ordenada, oportuna y con menor costo", señaló.
Bonilla detalló que este impulso abre paso a la conformación de programas sectoriales y al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), mediante esquemas de factoraje, garantías y productos financieros con menores costos.
La subsecretaria agregó que se trabaja en consolidar un sistema financiero más inclusivo y sostenible, con acceso equitativo al crédito, mayor protección a los usuarios e incorporación de innovación, educación financiera, digitalización y perspectiva de género.
En materia macroeconómica, sostuvo que México cuenta con fundamentos sólidos, entre ellos una inflación controlada, finanzas públicas responsables, reservas internacionales robustas y un tipo de cambio fuerte.
"El Gobierno promueve inversión, infraestructura y una economía más incluyente y sostenible. Esto permite descartar escenarios de recesión y consolidar un crecimiento con bienestar para todas y todos", afirmó
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