Rebeca Marín
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), empresa productiva del Estado que desarrolla y comercializa vacunas y antivenenos, ha realizado contrataciones públicas con expedientes incompletos, contratos sin firmas, excepciones a licitaciones públicas sin justificación y sin acreditar estudios de mercado para la elección de sus proveedores.
Cuatro auditorías realizadas entre 2019 y 2021 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestran cómo el Órgano Interno de Control (OIC) de Birmex ha sido recurrente en encontrar deficiencias y falta de supervisión en los procesos de contrataciones que realiza la firma. Durante ese lapso, Birmex contrató de forma directa unos 12 mil millones de pesos, cantidad que corresponde a 98% de las compras.
El OIC halló deficiencias en la contratación de medicamento controlado, como el fentanilo y propofol; el servicio para la distribución de medicamentos, servicios de vigilancia armada en instalaciones y asesorías jurídicas y fiscales, entre otras.
Por la pandemia de Covid-19, el 22 de octubre de 2020 la empresa fue autorizada por decreto para adquirir todo tipo de bienes y servicios para atender la emergencia sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. Sin embargo, desde antes recurría sistemáticamente a la adjudicación directa.
La empresa estatal adquirió especial relevancia en 2020, cuando —en medio de la pandemia y el desabasto de medicamentos— el presidente Andrés Manuel López Obrador la designó encargada de diseñar y ejecutar el Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud, que buscará repartir medicamentos e insumos médicos a más de 25 mil unidades médicas en todo el país.
Con este encargo, el presupuesto de Birmex también aumentó significativamente. En 2018, operaba con 2 mil 500 millones de pesos, y para 2022 superó los 7 mil millones.
Aunque había un decreto que le permitía a la empresa exceptuar las licitaciones, el OIC de Birmex emitió en julio de 2021 los resultados de la auditoría 01/2021, en la que revisó los procesos de adjudicación directa hechos durante la pandemia.
Encontró expedientes incompletos, contratos sin firma de proveedores y compras de medicamentos que no estaban incluidos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de 2020.
Por ejemplo, al revisar el contrato A-029/2020 para la compra de los medicamentos controlados dexmedetomidina, fentanilo y enoxaparina, con un costo de un millón 175 mil euros (28 millones 607 mil pesos), se detectó que el contrato no estaba firmado por el proveedor.
En el expediente tampoco se encontró la orden de suministro, la de requisición, la constancia de existencia del producto, la solicitud de cotización, el resultado de investigación de mercado y el calendario de entregas.
Las mismas deficiencias fueron descubiertas en el contrato A-030/2020 para la compra de medicamento controlado propofol, con un monto de 2 millones 586 mil euros (62 millones 943 mil pesos). Dicho contrato tampoco estaba firmado por el proveedor y su expediente carecía de documentos oficiales.
El OIC detectó que en el PAAAS 2020, la dexmedetomidina, el fentanilo, la enoxaparina y el propofol no estaban considerados en la lista de medicamentos para ese año.
Los dos contratos fueron revisados también por la Auditoría Superior de la Federación en su tercer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
La ASF coincidió con el OIC al encontrar inconsistencias en los expedientes. Ambos contratos se firmaron el 24 de diciembre de 2020 y tenían una vigencia de siete días. Se pagaron anticipos; sin embargo, los medicamentos no se entregaron.
Luego de una reunión de resultados finales, Birmex proporcionó a la ASF los contratos firmados, pero con cantidades modificadas y convenios de ampliación de fechas posteriores a la vigencia de los contratos.
Adicionalmente, la ASF señaló que no se proporcionó evidencia de la entrega-recepción de los medicamentos ni su distribución. Por ambos casos, la ASF ordenó iniciar procesos de responsabilidades administrativas y emitió dos pliegos de observación por el probable daño a la hacienda pública por 83 millones de pesos, que representa la suma de los dos anticipos.
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