Rebeca Marín
Las elecciones judiciales en México abren un debate en la región. La relación de los gobiernos latinoamericanos, sobre todo en el espectro progresista, es compleja y han existido intentos de reducir el poder de la justicia que en su mayoría han fracasado.
Un caso notorio fue el de Argentina en 2012 cuando Cristina Kirchner presentó la llamada Ley de Democratización de la Justicia que proponía que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura sean designados por el voto popular.
El proyecto ampliaba la cantidad de miembros del Consejo de 13 a 19, sumando a cinco académicos y a un abogado. Pero el proyecto fue declarado inconstitucional y no pudo implementarse.
La agenda judicial es una de las principales para el kirchnerismo y por eso Cristina reivindicó la iniciativa mexicana durante su visita al país en agosto del año pasado cuando calificó la decisión de "audaz" en un seminario organizado por Morena.
Otro de los países que avanzó en este tema fue Bolivia. A diferencia de Argentina, Bolivia adoptó en su Constitución de 2009 el método para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes). La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Hay otro países que no avanzaron en reformas de este calibre pero ven con mucho entusiasmo este tipo de reformas. Uno de ellos es el correísmo en Ecuador que denuncia hace una década la persecución contra su líder Rafael Correa con causas que aseguran que son inventadas para sacarlo de la cancha.
En ese sentido, el coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla Matías Capeluto, dijo a LPO que "sin dudas las elecciones judiciales de este domingo llevadas adelante por Claudia Sheinbaum pero impulsadas durante el gobierno de AMLO son la novedad política del progresismo después de mucho tiempo".
Capeluto sostiene que "en estos momentos existen álgidas discusiones de cuál debe ser el rol del progresismo en esta etapa: si estar a la defensiva frente a la extrema derecha, si reivindicar el modelo de oposición al neoliberalismo que fue tan exitoso a principios de siglo o bien imponer nuevas reformas de fondo creando nuevas discusiones. La novedad mexicana de este domingo acompaña esta última postura y convierte el gobierno de Morena en una referencia política de transformación y cambio de nuestras sociedades".
En estos momentos existen álgidas discusiones de cuál debe ser el rol del progresismo en esta etapa: si estar a la defensiva frente a la extrema derecha, si reivindicar el modelo de oposición al neoliberalismo que fue tan exitoso a principios de siglo o bien imponer nuevas reformas de fondo creando nuevas discusiones. La novedad mexicana de este domingo acompaña esta última postura y se convierte el gobierno de morena en una referencia política de transformación y cambio de nuestras sociedades, Matías Capuleto, coordinador ejecutivo del Grupo Puebla
"Absolutamente todos los países latinoamericanos tuvieron serios conflictos de judicializacion de la política o politización de la justicia, innovar en esta discusión poniendo a la luz las autoridades, los intereses y los movimientos judiciales es sin dudas de las acciones más disruptivas de este nuevo progresismo", agregó.
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