Desde su sustracción de territorio mexicano y su traslado a Texas, el 25 de julio del año pasado, se han sucedido una larga serie de enfrentamientos mortales entre delincuentes en Sinaloa (sobre todo, pero no sólo), acontecimientos políticos y diplomáticos, así como declaraciones de diversos actores políticos, documentos y posicionamientos gubernamentales e incluso, declaraciones de los presidentes de México y Estados Unidos.
Este sencillo listado, nos da una idea de la profundidad y consecuencias que está teniendo la parte medular de este proceso: lo que el mismo Ismael Zambada García, mundialmente conocido como "mayo", confiese durante el juicio y que se vayan dando a conocer sus argumentos y testimonios.
El primer efecto, ha sido el serio distanciamiento entre algunas agencias de inteligencia y seguridad civiles de México y Estados Unidos. La razón, como lo sabemos, ha sido que las contrapartes de ese país, no han dado a conocer, al menos de manera oficial, la forma en que se organizó y ejecutó el plan para sustraer a Zambada García y a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. A la fecha, siguen sin hacerlo y por supuesto, que no lo harán. Esa es la forma en que proceden cuando llevan a cabo una operación encubierta, denominación técnica de ese tipo de acciones. En efecto, en varias entrevistas matutinas, tanto el ex presidente López Obrador, como la Presidenta Scheinbaum Pardo, solicitaron la necesidad de que los detalles de la sustracción de ambos delincuentes, sean compartidos.
En segundo lugar, se encuentran los efectos hacia el interior de la política de Seguridad Nacional y las repercusiones en la comunidad civil de Seguridad e Inteligencia de los Estados Unidos. De lo muy poco que se sabe de la sustracción de julio de 2024, por ejemplo, es que la Oficina contra las Drogas (DEA) no participó ni en la planeación ni en la ejecución de dicha operación. Se ha señalado como principal responsable una hasta hace poco conocida, Agencia de Seguridad Nacional, adscrita también, del Departamento de Seguridad de la Patria, que agrupa a 17 agencias de Inteligencia y Seguridad de ese país. Caben varias interpretaciones sobre este dato.
Considerando que la sustracción de Zambada García y Guzmán López se realizó en las postrimerías del gobierno del entonces Presidente Joseph Biden, se puede concluir sin dificultad, la continuidad de las políticas y programas antinarcóticos de la Casa Blanca, no obstante qué partido político y persona la ocupe. Y eso a pesar de los despidos masivos a todo los niveles de la burocracia que Donald Trump ha hecho en las sensibles áreas de Seguridad e Inteligencia, aquí sí, civiles y militares. No tardaremos en ver los resultados de lo que los analistas de ese país, han considerado no sólo precipitados, sino abiertamente dañinos para la comunidad de ese sustancial sector del poder hegemónico estadounidense.
En tercer lugar y en estricto sentido cronológico, observamos ahora, las repercusiones en la política doméstica mexicana. Desde la audiencia inicial de Zambada García, la difusión de su primera carta hasta lo trascendido en la segunda, del pasado 25 de agosto, las especulaciones, pero sobre todo, las afirmaciones contenidas en ambas comparecencias, han comenzado a tener efectos, por ejemplo, en el señalamiento de que tenía 50 años dedicados al tráfico de drogas. Se dice fácil, pero es medio siglo en actividades calificadas por el Departamento de Estado de EE.UU desde el 20 de febrero, como terroristas, lo que abre un perspectiva sumamente peligrosa en el ámbito judicial para quienes hayan sido sus cómplices en ambos país. Ya veremos.
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