Rebeca Marín
Una investigación periodística ha puesto al descubierto una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés encabezada por Francisco Chíguil Figueroa, exalcalde de Gustavo A. Madero, suplente de Omar García Harfuch y actual senador de Morena, quien habría favorecido con contratos públicos por más de 119 millones de pesos a empresas vinculadas con su hermano Saúl Chíguil Figueroa, su esposa e incluso a socios cercanos.
Durante sus dos periodos como alcalde (2018-2021 y 2021-2024), la administración de Chíguil otorgó decenas de contratos a empresas registradas a nombre de familiares y colaboradores, violando presuntamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe expresamente a los servidores públicos intervenir en procedimientos donde existan intereses personales o familiares.
Entre las compañías beneficiadas destacan Fórmula Orión, Ingeniería y Tecnología Orión y Ficsa Fórmula, creadas en 2020 por Saúl Chíguil junto con su esposa e hijos. En los documentos constitutivos aparece un nombre clave: Jorge Luis Fernández Barragán, quien fungió como administrador en dos de ellas y participó también como representante legal de Erika Monserrat Gutiérrez López, una de las contratistas más favorecidas por la alcaldía.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Gutiérrez López recibió entre 2020 y 2024 más de 18.8 millones de pesos en contratos que iban desde la venta de material de limpieza y uniformes hasta equipos de cómputo y productos funerarios. Fernández Barragán, por su parte, aparece como apoderado legal de Mantenimientos y Construcciones Especiales J, empresa que durante la gestión de Chíguil obtuvo nueve contratos con valor superior a 83.7 millones de pesos.
Otro nombre ligado al entramado es el de Virginia Vázquez Hernández, socia de Ingeniería y Tecnología Orión, quien recibió tres contratos por 13.5 millones de pesos para obras de mantenimiento y materiales de construcción.
El escándalo no solo salpica a los hermanos Chíguil, pues tras renunciar a la alcaldía en el 2023 para coordinar la campaña de Clara Brugada Molina, hoy jefa de Gobierno capitalino, Francisco Chíguil fue recompensado políticamente: su esposa, Beatriz Rojas Martínez, fue nombrada titular del DIF Ciudad de México.
A las acusaciones por corrupción se suman los señalamientos históricos contra el exalcalde por el caso News Divine, la presunta extorsión a comerciantes y negligencia en casos de feminicidio.
En el Congreso capitalino, las exdiputadas panistas Luisa Gutiérrez Ureña y Claudia Montes de Oca del Olmo en su momento exhortaron al Sistema Nacional Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar el posible desvío de recursos públicos desde la Alcaldía Gustavo A. Madero para beneficiar la campaña de Brugada.
"Chíguil pudo haber utilizado dinero público para respaldar a Morena en la elección de 2024, lo que constituye desvío de recursos", denunció Gutiérrez Ureña, quien recordó que ya existen acusaciones por el presunto uso irregular de más de tres mil millones de pesos en la compra de equipo médico.
Montes de Oca, por su parte, exigió una auditoría exhaustiva: "Es un funcionario con múltiples escándalos de corrupción protegido por la Fiscalía capitalina y la Contraloría. Se debe comprobar legalmente su inocencia o culpabilidad".
Las entonces legisladoras del PAN alertaron que Morena podría emplear todos los mecanismos a su alcance para conservar la capital, mientras la oposición asegura que el desgaste de figuras como Chíguil abre la puerta a una alternancia política basada en la rendición de cuentas y la transparencia.
El caso del clan Chíguil exhibe nuevamente las grietas éticas y legales en la administración pública capitalina, donde la línea entre lo público y lo familiar parece haberse borrado bajo el amparo del poder político.
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