Rebeca Marín
El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, expuso ante los directivos de la empresa paraestatal los riesgos que tendrían el sector eléctrico y la paraestatal de no aprobarse la reforma eléctrica, así como de las implicaciones que tendría de avalarse en el Congreso de la Unión.
La reforma en cuestión fue una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que envió al Congreso para su análisis y, en su caso, la aprobación de la misma.
De acuerdo con un comunicado de la CFE, Bartlett Díaz se reunió con directivos de la empresa para explicarles a fondo la propuesta, que tiene entre sus objetivos principales rescatar y fortalecer a la CFE, así como garantizar tarifas justas para la población.
Solicitó a los directivos llevar a cabo reuniones informativas sobre la importancia de la iniciativa de la reforma eléctrica con el objetivo de concientizar a todos los trabajadores de la CFE sobre su importancia.
La mañana de este martes 5 de octubre, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, explicó en Aristegui en Vivo las principales implicaciones de la propuesta de reforma eléctrica.
El pasado 1 de octubre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) difundió un comunicado en el que señala que la iniciativa de reforma constitucional al sector energético, lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generaría daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país.
Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, "sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea", señala el documento. Asimismo, indica el CCE que no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes.
Asimismo, la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, dado que violaría los tratados internacionales de los que México forma parte, lo que contradeciría los mandatos del poder judicial mexicano y violaría el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes. Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de México como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
"Para el sector privado es fundamental mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento, así como una actitud abierta a la negociación y a escuchar las demandas que permitan a la CFE ser una paraestatal que beneficie a todas y todos los mexicanos, por lo que el sector privado ha contribuido significativamente a ampliar la capacidad de generación limpia y de bajo costo para el país", indica el documento.
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