Rebeca Marín
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, afirmó que no existe un terrorismo fiscal por hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y reveló que la reforma en materia de donatarias sólo afectará a una o dos; además, dio a conocer que en 2020 se inventaron donaciones por 732 millones de pesos.
Durante una reunión con las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, informó que existen aproximadamente 10 mil donatarias autorizadas para tener beneficios fiscales y, de esas, afectará "a una o dos".
"No tiene que ver con temas sociales, son fundaciones familiares. Para acotar, siete personas de una misma familia. Dicen: '¿Por qué no vas directo por ellos?'; Porque hacer una auditoría lleva mucho tiempo y tenemos auditorías que nos van a dar 40 mil millones de pesos, que es tiempo mejor invertido y que los contribuyentes lo agradecerán en lugar de ir por los chiquitos", explicó.
"Es un tema preventivo y para que no se diga que hay persecución o que es una decisión política, entonces, y para que sea claro: sólo se deja en técnica legislativa la restricción y, de las 10 mil, va sobre una o dos; una misma familia, que son siete personas".
Rechazó dar a conocer el nombre de dichas personas, argumentando el secreto fiscal. "No puedo sacar los nombres, pero sí los números. Son siete personas, son de la misma familia, históricamente se observa que acreditan, deducen, 350 y 350 millones de pesos al año, y va directo a sus fundaciones familiares. De 10 mil donatarias verían afectados sus ingresos dos, son fundaciones familiares".
Sin embargo, dejó en claro que no es una defraudación fiscal, sino un abuso "porque la ley no lo prohíbe".
En la sesión de preguntas y respuestas con los senadores afirmó que existe un "abuso de lenguaje" de los legisladores por utilizar el término de "terrorismo fiscal".
"Si a un niño le hacen un examen, nadie dice que es terrorismo fiscal, y si reprueba y lo hacen repetir el año, no es una persecución política; si a un asesino o un narcotraficante se mete a la cárcel o se le obliga a expiar sus faltas, tampoco es terrorismo penal.
Entonces, tampoco puede ser considerado terrorismo fiscal el que la gente se le exija cumplir con sus obligaciones. No se les pide más, no se les pide menos, simplemente cumplir con la ley", destacó.
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