Hasta 2026, será un momento definitorio para preparar la elección de Estado de 2027.
A las 18:00 horas se reunirá la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
El citatorio lo envió el presidente de dicha instancia legislativa, el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
El propósito es aprobar en sentido positivo el dictamen que reforma el Artículo 235 de la Constitución.
Lo que se contempla es empatar la revocación de mandato de la presidenta, con la elección federal de 2027.
Dicha fecha, no sólo se convertirá en un referéndum del mandato presidencial, sino que también se renovarán 17 gubernaturas del país.
Asimismo, se habrán de someter a las urnas las 500 diputaciones de la Cámara Baja, 30 congresos estatales y 2 mil 424 presidencias municipales.
A todo ello, se le sumará la elección faltante de la renovación del Poder Judicial, consistente en aproximadamente la mitad del total que inició su elección este 2025.
El fondo la reforma constitucional, permitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum, aparecer en las boletas electorales.
Pero no sólo eso, podrá hacer campaña abiertamente con el pretexto de someterse al escrutinio ciudadano.
La iniciativa fue propuesta por el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.
El 23 de julio de este año, en este espacio se publicó la columna SIN PROTOCOLO, con el título "Adelantar revocación de mandato".
Se difundió que, de acuerdo a la ley, la revocación de mandato debe celebrarse a principios de 2028.
Del lado oficial, se busca evitar poner en riesgo la revocación para una fecha distinta a la elección federal de 2027.
El argumento que esgrime el morenismo, radica en un ahorro de aproximadamente 5 mil millones de pesos.
En sentido opuesto, en Morena hay la percepción de un riesgo si la revocación se celebra conforme a la ley actual.
Y, por otro lado, la estrategia también consiste en empatar las votaciones para lograr dos objetivos concretos:
Ratificar la eventual aceptación de Sheinbaum, y alcanzar de nueva cuenta la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
¿Logrará ese propósito el gobierno y el partido juntos? En los hechos, se pretende legalizar las violaciones a la ley que tanto cuestionaron como opositores.
El torcer la ley, será legal, toda vez que el plan de incluir a la presidenta en las boletas en 2027, convertirá de facto el proceso electoral en una elección de Estado.
Hoy ese paso lo darán sin rubor alguno en el recinto parlamentario de San Lázaro.
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