Rebeca Marín
Diversas modificaciones la Constitución Política de la Ciudad de México, para evitar que quienes realizan algún espectáculo o actividad artística sea apercibido, detenido o impedido de ello, presentó la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino, Patricia Urriza Arellano, quien pugnó por otorgar derechos y garantizar la libre expresión artística en sitios y plazas públicas
Al formalizar la iniciativa en ese sentido, la representante popular por Coyoacán señaló que el ejercicio de los derechos culturales en el espacio público son parte de la identidad de la capital del país, además de ser una tarea cuya percepción económica depende de la posibilidad de poder mostrar en jardines o plazoletas actividades circenses, musicales, artesanales, pinturas, fotografías, caricaturas, teatrales, cuenta cuentos, entre otros, quienes últimamente han sufrido actos de intimidación y acoso por parte de autoridades de alcaldías o policiales.
Desde la tribuna del recinto de Donceles y Allende, en el marco de la sesión ordinaria del jueves, expuso que "recientemente se ha documentado el hostigamiento de las autoridades y genera una mala percepción de la comunidad con ellos, al hacer mal uso del espacio público y que se perciban incluso como una molestia, cuando tienen un valor cultural comunitario; esta situación genera un ambiente de precariedad y marginalización que afecta directamente su posibilidad de ejercer su arte en espacios públicos".
Luego, al ofrecer una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por diversos artistas y el coordinador de la denominada bancada naranja en el Poder Legislativo local en el recinto de Donceles y Allende, Royfid Torres González, la representante popular destacó que datos oficiales revelan que alrededor del 40 por ciento de las personas que hacen un arte en el espacio público de la gran urbe, ganan menos de 10 mil pesos mensuales, lo que los coloca como un sector en situación económica precaria, en la que dependen de la tolerancia de las autoridades locales y, en ocasiones, de decisiones discrecionales de policías o funcionarios de las alcaldías.
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