Fwd: Asociación de Internet MX advierte riesgos de dar al SAT acceso a datos de usuarios y plataformas digitales

Rebeca Marín

 

La Asociación de Internet MX descalificó la aprobación "fast track" que hizo la Cámara de Diputados de la reforma al Código Fiscal de la Federación, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acceder en tiempo real y de manera permanente a bases de datos de las plataformas digitales que operan en México (Netflix, Mercado Libre, Amazon, Tinder o Duolingo, entre otras) con el argumento de vigilar que empresas y usuarios cumplan sus obligaciones fiscales.

 

La organización representante de la industria tecnológica en el país advirtió, a través de un comunicado de prensa, que México "correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas".

 

Este miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma, que todavía debe ser ratificada por el Senado antes de su entrada en vigor.

 

La Asociación de Internet MX un llamado "urgente y enérgico" a los senadores "para rectificar esta medida antes de que México sea percibido globalmente como un país que legaliza la vigilancia masiva".

 

Señaló que la aprobación e inclusión de este artículo se tomó a pesar de numerosas advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital. 

 

El artículo 30-B establece que los prestadores de servicios digitales estarán obligados a abrir de manera permanente la información en línea y en tiempo real de sus sistemas y registros a las autoridades fiscales.

 

"No existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva", subrayó la organización que asocia a empresas como Amazon, Cinépolis, Banco Azteca, Grupo Modelo y Salud Digna, entre otras.

 

La medida, argumentó la Asociación de Internet MX, pone en riesgo la privacidad, viola derechos humanos, implica un fuerte daño a la economía digital, incrementa riesgos a la ciberseguridad, debilita la confianza en las instituciones, conlleva riesgos para el Estado mexicano, y las sanciones son desproporcionadas y alarmantes.

 

"Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales", sostuvo.

 

Esta medida incluye a prestadores de servicios digitales que ofrecen servicios de descarga o acceso a diverso contenido conocido como streaming; los de intermediación entre terceros, clubes en línea y páginas de citas, así como de enseñanza a distancia o test o ejercicios. 


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