Rebeca Marín
La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) denunció que el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) mantiene una postura de cerrazón y falta de atención hacia los concesionarios del transporte público, al no cumplir los compromisos acordados con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, respecto a la entrega de un bono al combustible por unidad motriz.
De acuerdo con los voceros de la organización, la mandataria capitalina se comprometió personalmente a consolidar dicho apoyo para el sector privado del transporte público. Sin embargo, señalaron que los secretarios de Gobierno, César Cravioto Romero y de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, "se han pasado la responsabilidad uno al otro sin atender lo instruido por la Jefa de Gobierno".
Los transportistas afirmaron que, a pesar de haber sostenido más de 60 mesas de diálogo en casi un año con autoridades capitalinas, no se han cumplido los acuerdos para la entrega del bono ni para el análisis del ajuste a la tarifa del pasaje.
Asimismo, denunciaron que, aunque existía el compromiso de brindar una respuesta en la tercera semana de septiembre sobre la homologación tarifaria, el tema fue desconocido por los funcionarios, quienes ahora les piden "volver a comenzar el diálogo", desechando los avances previos.
"Los secretarios de la Ciudad de México no hacen caso a su Jefa; el pasado 2 de septiembre ella instruyó concretar el bono al combustible y el ajuste de tarifa, pero no ha habido resultados", señalaron representantes del gremio.
Ante la falta de respuesta, la FAT informó que realizará un consenso entre sus más de ocho mil agremiados para movilizarse masivamente, lo que implicaría la suspensión temporal del servicio de miles de unidades y el bloqueo de distintos puntos de la ciudad.
La organización recordó que entregó un estudio de factibilidad que justifica el aumento de la tarifa, documento que demuestra el deterioro económico del sector y la necesidad urgente de un bono al combustible para evitar el colapso financiero de los concesionarios.
Destacaron que, en contraste, en el Estado de México ya se autorizó un incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos, mientras que en la capital el costo mínimo del pasaje permanece en seis pesos desde hace varios años.
"La falta de actualización tarifaria ha generado una crisis que pone en riesgo la operación diaria del transporte público concesionado", advirtieron los representantes Francisco Carrasco, Enrique Hernández, Saúl Medina y Esteban Medina, integrantes de la FAT.
La organización reiteró su llamado al Gobierno capitalino para cumplir los acuerdos establecidos y atender las "justas peticiones del sector", con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios del transporte público.
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