Congreso capitalino rechaza ratificación de Rubén Alberto García Cuevas, como magistrado por falta de idoneidad

Martín Aguilar

 

En la sesión ordinaria del jueves, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que da cumplimiento a la resolución del juicio de amparo 100/2023, emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, en favor de Rubén Alberto García Cuevas, respecto a su posible ratificación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ).

 

Resulta que el dictamen elaborado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho, estimó que García Cuevas no es idóneo para ser ratificado como magistrado del TSJ local.

 

En la fundamentación del dictamen, el congresista morenista refirió que en México se vive una democracia dinámica, auténtica y en constante transformación, que responde a las voces y necesidades de la ciudadanía; y la capital es ejemplo en el país, en la forma en que elige y evalúa a sus funcionarios judiciales.

 

Delineó que la ratificación se entiende como un derecho para la persona juzgadora y una oportunidad para la sociedad, que a través de representantes populares puede emitir dicha ratificación, cuya resolución no depende de la discrecionalidad de la autoridad evaluadora, sino de un análisis sustentado, imparcial y transparente del trabajo desempeñado.

 

En este caso específico, el proceso de evaluación se realizó con base en el análisis del acervo documental remitido para tal efecto, por parte de Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

 

"Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en su ejercicio actuó permanentemente bajo los principios de diligencia, experiencia, excelencia profesional, honorabilidad, honestidad invulnerable, actuación ética, dependencia, autonomía, eficiencia y responsabilidad", precisó.

 

El diputado Martínez Urincho expuso que la ratificación se puede caracterizar como un derecho en favor del juzgador y de la sociedad, que no depende de la voluntad discrecional del órgano a quien se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva, clara, congruente y exhaustiva del desempeño laboral del funcionario, ceñido al periodo del ejercicio del encargo público.

 

En este caso específico, el proceso de evaluación se realizó con base en el análisis del acervo documental remitido para tal efecto, por parte de Consejo de la Judicatura de la CDMX en su momento respectivo.

 

El legislador Martínez Urincho fundamento que la ratificación de las personas magistradas "no se produce de manera automática, ya que para que tenga lugar es necesario realizar dicho análisis y evaluación, pudiendo determinar de manera clara y objetiva, su elegibilidad para permanecer o no en el cargo de magistrado". 


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