El anuncio del Gobierno Federal de destinar más de siete mil millones de pesos para atender y apoyar a más de 104 mil familias damnificadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro es, sin duda, una acción necesaria y congruente con la dimensión del daño. La solidaridad institucional debe traducirse en recursos, acompañamiento y capacidad de respuesta inmediata.
Sin embargo, la reconstrucción que iniciará en diciembre, que consta de viviendas, caminos, sistemas de agua potable, drenaje e infraestructura comunitaria que llevará a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum, deberá acompañarse, además de voluntad política y asignación presupuestal, de orden, supervisión, transparencia y control interno. Esto hará la diferencia entre un gasto que sólo mitiga y una acción pública que verdaderamente transforma.
Hablar de reconstrucción es, necesariamente, hablar de rendición de cuentas. Y en este momento, México enfrenta un desafío simultáneo, el de reconstruir infraestructura y, a la par, reconstruir la confianza en la fiscalización superior, después de un ciclo de ocho años marcado por grietas, errores y deficiencias institucionales profundas.
La Comisión de Vigilancia del Congreso mexicano será pieza clave para evitar repetir errores, ya que en este contexto, un punto crítico para el país será la próxima designación del nuevo Auditor Superior de la Federación.
La responsabilidad recae de manera directa en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Javier Herrera, quien tendrá en sus manos la tarea de conducir un proceso impecable, a la altura del momento histórico.
México no puede permitirse repetir los vicios, omisiones y deficiencias que marcaron los últimos dos periodos en la Auditoría Superior de la Federación, bajo la conducción de David Colmenares y Emilio Barriga.
No se trata de una opinión aislada, sino de un señalamiento que ha sido reiterado por especialistas, desde la academia, hasta por parte de organismos ciudadanos y, por supuesto, incluya Usted a quienes hemos dedicado décadas a la fiscalización superior.
Durante los últimos ocho años, la ASF enfrentó:
• Procesos opacos y poco exigentes en la revisión del gasto.
• Retrasos sistemáticos en auditorías clave.
• Deficiente seguimiento para la recuperación de montos observados.
• Falta de contundencia en la presentación de denuncias.
• Una preocupante desconexión con estándares internacionales como los que menciona el INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) y el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), entre otros.
Estos vicios no pueden repetirse.
Hoy, mientras el país se encamina a una etapa de reconstrucción social y física, también debe reconstruir su modelo de fiscalización superior. Y esa reconstrucción institucional empieza por una elección correcta.
Reconstruir infraestructura exige reconstruir la fiscalización, ya que el inicio de obras en diciembre traerá consigo un despliegue de recursos, contratos, obras emergentes, empresas constructoras y responsabilidades técnicas de enorme calibre. En este tipo de contextos, la Auditoría Superior de la Federación debe ser un órgano fuerte, vigilante, técnico, oportuno y absolutamente independiente.
Un auditor débil genera impunidad.
Un auditor omiso genera riesgos.
Un auditor sin técnica ni rigor genera daño al erario y, peor aún, daña a la gente.
La Comisión de Vigilancia, bajo el liderazgo del diputado verde ecologista Herrera, tiene la oportunidad, y la obligación histórica, de asegurar que el próximo Auditor Superior sea una figura:
• Con trayectoria profesional sólida.
• Con independencia real.
• Con dominio de los estándares internacionales de control interno y auditoría.
• Con capacidad de enfrentar intereses y resistencias.
• Con visión de prevención, no sólo de una revisión a posteriori.
• Con carácter para denunciar y exigir resarcimiento para regresar al pueblo lo robado.
El país necesita una ASF que acompañe desde el primer minuto el proceso de reconstrucción, no que observe desde lejos o que llegue tarde como hasta ahora.
Una reconstrucción integral de infraestructura, control y confianza será una ruta clara :
1. Recursos bien asignados.
2. Obra pública técnicamente diseñada.
3. Supervisión constante.
4. Auditorías concurrentes.
5. Rendición de cuentas transparente.
6. Instituciones sólidas, no improvisadas.
Para ello, la elección del nuevo Auditor Superior será decisiva. No se trata de un nombramiento administrativo, sino de un pilar que definirá si México cierra o no el ciclo completo de transparencia, de ejecución, de verificación y de resarcimiento.
Quienes hemos servido en tareas de control interno, vigilancia legislativa y fiscalización superior en todos los niveles de gobierno, conocemos la importancia de este engranaje, que claro que se puede, yo lo hice recientemente en el Estado de México.
Por ello, la reconstrucción sin fiscalización es sólo una ilusión.
Hoy, México tiene frente a sí una oportunidad doble: reconstruir a las comunidades afectadas y reconstruir su confianza en la vigilancia del dinero público.
Ambas tareas son impostergables, ambas son estratégicas y ambas dependen, en buena medida, de que la Comisión de Vigilancia elija con rigor y con visión al próximo Auditor Superior de la Federación.
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