La Barriada/Martín Aguilar/Y sigue la discriminación contra la mujer

En México, no se han logrado erradicar los patrones de conducta machista, ni el daño físico y psicológico contra las mujeres, que en muchos casos han desembocado en feminicidios. Por el contrario, hasta hoy en nuestro país continúa prevaleciendo una cultura de misoginia y violencia de género, la cual se incrementó de manera considerable por la pandemia de Covid 19 y se ha convertido en el principal problema social y de salud pública.

 

Aunque muchos lo duden, ciertos sectores de la población han pretendido justificar la violencia y eso ha llevado en los últimos años a que se multipliquen los reclamos de los grupos feministas que rechazan que a las mujeres se les sigan considerando un simple objeto del deseo o propiedad de los varones. Los colectivos feministas exigen a las autoridades cumplir su compromiso institucional de investigar a fondo estas agresiones y asesinatos, con estricto apego a lo que marca la ley y respeto a los derechos y garantías de las víctimas.

 

La violencia contra mujeres y niñas alcanza niveles muy preocupantes. No sólo son discriminadas, maltratadas y acosadas sexualmente en los hogares, los centros de trabajo, las calles y las escuelas, sino que además sufren abuso emocional y psicológico dentro del núcleo familiar y con sus parejas.

 

De ahí que urge fortalecer la coordinación institucional para evaluar políticas públicas en materia de género, establecer mecanismos para monitorear y evaluar la correcta aplicación de las leyes. Es evidente la inoperancia de los protocolos de protección de las autoridades ministeriales que en la mayoría de los casos actúan con indiferencia y dilación cuando las victimas presentan denuncias de violencia doméstica.

 

Colectivos feministas y especialistas en el tema coinciden en que –ante esta problemática que se ha agudizado durante las últimas tres décadas–, prevalece aún la parálisis e incongruencia del gobierno que ha demostrado falta de sensibilidad y empatía para atender a este vulnerable sector de la población. Basta destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo no se tomó en cuenta la política de género, lo que ocasionó que se disminuyera el presupuesto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

 

Estudios realizados por instituciones educativas y el gobierno, revelan que las medidas orientadas a la prevención no están dando resultados y prueba de ello es que 2021 cerró como el año con más feminicidios. Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que en promedio, 11 mujeres fueron victimadas cada día, de las cuales tres murieron de forma violenta.

 

La Ciudad de México, ya se encuentra en el cuarto lugar a escala nacional de entidades con más feminicidios. En lo que va de 2022 los índices se incrementaron de manera considerable al registrarse 11.

 

Las declaraciones de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy sobre el repunte atípico en los casos de feminicidio que ha registrado la capital del país en el arranque de 2022 y su promesa de que los responsables de estos crímenes serán juzgados, nos lleva a exigir que las autoridades judiciales se conduzcan con profesionalismo y transparencia y no se dé carpetazo ni se otorgue la absolución a los responsables de estos reprobables ilícitos.

 

En ese sentido, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que es difícil determinar las causas del incremento de los feminicidios en la CDMX. Anunció que se reforzarán las acciones para evitar que haya impunidad en los casos reportados y prevenir crímenes de este tipo.

 

Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el Congreso Local el PAN exigió se declare estado de emergencia a la CDMX por los 11 feminicidios registrados en los dos primeros meses de 2022 y anunció que presentará una iniciativa para modificar el Código Penal y se aplique hasta 100 años de prisión por el delito de feminicidio.

 

El reporte Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México 2020_, realizado por la agrupación _Impunidad Cero, revela que el 51.4 por ciento de los feminicidios en el país no fueron resueltos, lo cual ha provocado graves problemas a sus deudos, quienes, en su búsqueda por la verdad, justicia y reparación del daño, son revictimizados por las autoridades.

 

De acuerdo a esta organización, se han presentado varias quejas debido a que las autoridades judiciales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan las evidencias recolectadas, y no solicitan pruebas periciales o diligencias.

 

En ese sentido, quiero precisar que como legisladora siempre he tenido una agenda con perspectiva de género y he refrendado mi compromiso por la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños que han quedado en la orfandad.

 

Durante los encuentros que he tenido con ciudadanos y agrupaciones civiles sumamente preocupadas por esta situación, he recibido infinidad de quejas sobre las graves deficiencias y la negligencia con la que actúan las autoridades durante las investigaciones, lo cual ha provocado incluso la pérdida de evidencias y el nulo análisis de las líneas de investigación.

 

En diversas ocasiones me he pronunciado a favor de otorgar mayores apoyos sociales para mujeres que han sido violentadas y que se amplíen los recursos que permitan incrementar los albergues para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar.

 

Como prueba de lo desesperante de esta situación, ahí están los feminicidios de Ingrid Escamilla, de Fátima Cecilia, una niña de siete años, y el de Abril Pérez, que movilizaron a miles de mujeres y evidenciaron la impunidad en el sistema de justicia y la violencia machista que prevalece en México.

 

El próximo 9 de marzo –y por tercer año consecutivo–, colectivos feministas, Organizaciones No Gubernamentales y diversas instituciones educativas y empresariales, se sumarán al Paro Nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras, convocado para hacer notar la relevancia de las mujeres, mediante su ausencia en las actividades cotidianas y demandar acciones a favor de preservar la integridad de este sector vulnerable. Sin duda, es un tema vital y al que no debemos quitarle el dedo del renglón. 


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