Rebeca Marín
Las fiscalías anticorrupción del país operan con bajos recursos económicos y humanos, lo que genera poca efectividad en su labor contra este problema, advirtieron especialistas este jueves. 'Carecen de diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación', resumieron.
El análisis Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción , elaborado por las organizaciones Tojil e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), identificó un limitado uso de las herramientas penales en el combate a la corrupción, poca efectividad en la investigación de estos casos y baja judicialización y enjuiciamiento.
Aunque las entidades federativas ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios'.
La investigación señala que, en el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre 2019 y 2020 se iniciaron 1,657 carpetas de investigación, de las cuales 40% fue determinado y, de ese total, 3% fue judicializado.
En los estados, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente ocho reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas.
Los estados que más judicializaron fueron Sonora, con 13%, seguido de Michoacán con 10% y Sinaloa y Coahuila con 9%, resultados que coinciden con los datos a nivel nacional, en los que menos del 2.5% de las investigaciones criminales iniciadas se vincula a proceso y menos del 1% llega a juicio, advirtieron las especialistas.
El reporte encontró que cuatro fiscalías no judicializaron ninguna investigación, 12 de 24 no han obtenido sentencias condenatorias, dos alcanzaron tasas de 10% y 13% de judicialización —las más altas a nivel nacional—, 14 fiscalías vincularon a proceso la mitad o más de sus investigaciones y solo tres vincularon a proceso 100% de las investigaciones judicializadas.
No estamos ante una realidad donde vemos fiscalías sancionando, ni vemos casos ejemplares para disminuir la impunidad'.
Adriana Greaves, de Tojil, explicó que las fiscalías son incomparables porque, por ejemplo, cada instancia tiene su propio catálogo de delitos, o bien, porque no es lo mismo investigar un caso en la zona conurbada que en otras áreas, aunado a que las fiscalías anticorrupción son las más nuevas en el andamiaje en la materia, tienen máximo cuatro años y algunas apenas se están construyendo.
'En el contexto que estamos actualmente, se habla mucho de que el combate a la corrupción es una prioridad; nos pareció importante voltear a ver los ojos y decir si realmente es una prioridad, vamos a ver quiénes, las instituciones que están en la trinchera luchando son las fiscalías anticorrupción', dijo.
Con los indicadores, señalaron, se observa si se está realmente combatiendo la corrupción. No obstante, los resultados revelaron que las fiscalías no tienen procesos articulados ni presupuesto o capital humano para cumplir su tarea, tampoco cuentan con autonomía adecuada.
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