Martín Aguilar
El comité selecto de la cámara baja encargado de la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 informó que cuenta con suficientes pruebas para la formulación de cargos criminales contra el ex presidente Donald Trump y algunos de sus colegas.
Mientras el gobierno federal en Washington acusa a Vladimir Putin de encabezar un gobierno autocrático rodeado de oligarcas, en Estados Unidos persiste una crisis política que incluyó un intento de golpe de Estado, posiblemente dirigido por un presidente estadunidense bajo investigación por subvertir la democracia y por sus negocios corruptos incluso con otros oligarcas.
El comité de la cámara baja que investiga el asalto violento del Capitolio por fuerzas derechistas, algunas armadas, convocadas por el ahora ex presidente el 6 de enero del año pasado, presentó por primera vez elementos para impulsar un caso criminal potencial contra Trump y cómplices por delitos de obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso -la certificación del voto del Colegio Electoral- y "conspiración criminal para defraudar al pueblo estadunidense" en un intento para subvertir la elección presidencial.
En los argumentos presentados en un caso civil en California de un abogado de Trump que busca evitar proporcionar testimonio y evidencia ante ese comité, los abogados del Comité resumen el intento para subvertir la elección presidencial impulsada por Trump y sus cómplices: promoción de versiones falsas de un fraude electoral (algo que continúa hasta la fecha), esfuerzos pos-electorales para revertir conteos estatales, intentar instalar electores diferentes en el colegio electoral y culminando con el 6 del enero al presionar al vicepresidente Mike Pence para descarrilar la certificación de los resultados y con ello proclamar una crisis constitucional para mantener a Trump en el poder.
Vale recordar que Trump es el primer mandatario en rehusar una transición pacífica del poder ejecutivo en la historia del país, y hasta la fecha no acepta el resultado oficial.
El comité no tiene la autoridad para formular y presentar cargos criminales contra Trump y sus aliados, pero -y todo indica que se está preparando para ello- puede hacer una recomendación formal al Departamento de Justicia encabezado por el procurador general de Justicia Merrick Garland para que proceda con un caso criminal.
Mientras tanto, el Comité procede con su investigación en la cual ya ha entrevistado en privado más de 550 funcionarios federales y estatales. Se espera que inicie audiencias públicas en abril donde abordará, entre otras cosas, las pruebas que tiene del papel directo de Trump.
Además, proceden otros casos y procesos legales en torno al esfuerzo de Trump de subvertir la elección culminado con el asalto al Capitolio el año pasado.
El 18 de febrero, un juez federal falló que era razonable "inferir que cuando llamó a sus manifestantes a marchar al Capitolio, el presidente lo hizo con el objetivo de interrumpir los esfuerzos de los legisladores para certificar los votos del Colegio Electoral", al negar la solicitud de Trump de descartar varias demandas civiles -presentadas por legisladores federales y varios oficiales de la Policía del Capitolio que fueron heridos ese día- que lo responsabilizan del asalto.
También proceden los casos legales contra cientos de participantes del asalto al Capitolio. El miércoles, uno de los participantes se declaró culpable de "conspiración sediciosa", la primera vez que uno de los acusados acepta responsabilidad para ese cargo [https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/mundo/ultraderechista-de-oath-keepers-es-condenado-por-asalto-a-capitolio/], lo cual podría nutrir casos contra otros involucrados.
Trump también enfrenta crecientes peligros legales en otros frentes. A mediados del mes pasado, sus contadores declararon que no eran confiables años de declaraciones financieras que ellos habían preparado y rompieron su relación profesional con el ex presidente, algo que complicará su defensa ante investigaciones oficiales en Nueva York sobre si manipuló sus cuentas para obtener préstamos entre otras actividades empresariales ilícitas.
El ex presidente repite que que las investigaciones son políticamente motivadas para evitar que se postule como candidato presidencial en 2024.
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