Ni Claudia será investigada por el evidente problema de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo en general ni Marcelo por haber propiciado la aceleración de la obra, lo que pudo ocasionar sus defectos, con tal de inaugurarla antes de terminar su sexenio en el DF.
Evidentemente, hay culpa de uno de los dos, si no es que de ambos, por la tragedia que enlutó a decenas de hogares capitalinos. Si el accidente hubiera ocurrido en otro país, seguramente ambos estarían enfrentando un proceso penal; aquí, ninguno de ellos pagaría las consecuencias.
Es más, no solamente evadieron su responsabilidad penal por la tragedia, sino que ahora ambos son los favoritos para encabezar la candidatura presidencial de Morena, de donde saldrá el aspirante de ese partido para reemplazar a Andrés Manuel López Obrador.
De nada sirvió que la ciudad gastó varios millones para contratar a despachos internacionales, a fin de realizar los peritajes del percance, si el tema acabó disolviéndose por la vía política, sin que ningún pez gordo o gorda pague por ello.
Primero se llegó a un acuerdo para culpar a quienes construyeron la magna obra de no haber hecho bien su trabajo. Los acusaron de no supervisar que los constructores usaran materiales de buena calidad, y de no cuidar que se hiciera como debía el trabajo de soldadura.
Ese dictamen apuntaba a Ebrard y dejaba libre de toda sospecha a Sheinbaum, lo cual, por supuesto, encabritó al canciller, pues era obvio que los dados se estaban cargando para dejarlo fuera de la lucha presidencial.
Ante el berrinche del exjefe de Gobierno del DF, el caso fue tomado directamente por el equipo de Palacio Nacional, y se logró un acuerdo para limpiar el expediente de ambos funcionarios.
Se decretó entonces que ni fue por falta de mantenimiento —que le hubiera correspondido a Claudia, y que, si los vicios vienen de origen, Marcelo no fue el encargado de la construcción, sino el responsable del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Para que Horcasitas aceptara que la culpa recayera sobre su área, se hizo una estrategia jurídica en la que todo mundo quedaba libre.
El primer paso fue convencer a los constructores de reparar —sin costo para el erario los daños y desperfecto de la Línea 12, con lo que se cancelaba cualquier demanda por reparación del daño. Eso deja fuera de toda responsabilidad administrativa a quienes planearon y ejecutaron la obra.
La otra vertiente importante fue la creación de un fideicomiso para indemnizar a las víctimas del fatal accidente, además de garantizar becas, fuentes de trabajo y manutención para las familias de quienes murieron, o que a raíz del accidente quedaron impedidos para trabajar.
Con la reparación de todos los daños, cada quien se queda con su golpe, y colorín colorado, aquí nadie saldrá perjudicado.
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