Martín Aguilar
El Instituto Nacional Electoral (INE) buscará que el Tribunal Electoral se pronuncie sobre la falta de recursos para organizar la consulta de revocación de mandato al plantear dos posibles soluciones ante la insuficiencia presupuestal: suspenderla o bien achicarla e instalar un tercio de las casillas que normalmente hay en una elección presidencial. Una impugnación de Morena, forzará un pronunciamiento del Tribunal y si eso no ocurre, la decisión quedaría firme.
Entre los consejeros discuten y buscan acuerdos para aprobar este mismo viernes una resolución que, o bien frene el proceso de revocación de mandato a partir de enero o avance con un "plan B" que reduzca las 162 mil casillas que obliga la ley a instalar; ambos escenarios, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve si el gobierno federal debe cubrir el boquete de dos mil 300 millones de pesos o la autoridad electoral puede violar la ley y organizar la consulta de acuerdo al presupuesto del cual dispone.
Se confirmó que con cualquiera de estos acuerdos que se aprobarían en la que será la última sesión del año en el Consejo General, podrían llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -a raíz de una impugnación de Morena- para que, como única instancia superior al INE, defina cuál es la ruta que deben seguir mientras la Corte dice la última palabra sobre el recorte presupuestal de tres mil millones de pesos para la revocación de mandato frente a los tres mil 800 que se solicitaron.
Los integrantes del Consejo General del INE comenzaron este martes reuniones privadas para decidir si presentan el proyecto que frene por completo el proceso a partir del 2022 ante la incertidumbre presupuestal, o si continúan pero con un plan alternativo de menores dimensiones a las de una elección federal como indica la ley. Pues a pesar de los ajustes y ahorros aprobados hace una semana, sumaron apenas mil 500 millones de pesos, manteniendo un boquete de dos mil 300 millones, lo que los coloca en un escenario "imposible" para cumplir los estándares legales.
Así, la autoridad electoral pretende presentar un proyecto que se ajuste a un presupuesto de mil 500 millones de pesos y no de 3 mil 800 millones de pesos como se proyectó de manera inicial, explicando cuántas casillas pueden instalarse en el país con este presupuesto, cuántos funcionarios pueden capacitarse y a cuántos capacitadores se les puede pagar.
La semana pasada, tras aprobar los ajustes, las y los consejeros señalaron que con el presupuesto reunido apenas alcanza para la capacitación electoral pues cuentan con uno de cada tres pesos necesarios, por lo que el plan podría contemplar un escenario con la tercera parte de lo que la ley les exige cumplir.
El primer acuerdo que busca suspender las actividades por completo, hasta este momento no ha logrado unanimidad, pues hay consejeras y consejeros que consideran que estarían violando la ley deliberadamente, rebasando las facultades con que cuentan en este tipo de decisiones. Mientras la mayoría considera que el INE se encuentra completamente imposibilitado para cumplir los parámetros de una elección federal con la calidad que exigen los procesos electorales que organiza esta autoridad.
En el caso del acuerdo que presentaría una opción alternativa para realizar la revocación de mandato en menor dimensión, algunos integrantes del Consejo General coinciden en que igualmente implicaría una violación a la ley pero al menos, ayudaría a no frenar el proceso y continuar en la medida de lo posible.
En la anterior sesión del Consejo General del INE, el representante de Morena, Mario Llergo exigió una explicación respecto a si existía la intención de no continuar con la revocación de mandato, lo que el consejero presidente Lorenzo Córdova calificó de filtraciones y señaló que el instituto analiza todas las alternativas posibles.
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