Antonio Pérez García, quien desde mayo del 2020 se desempeñaba como jefe de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), corporación responsable de indagar los delitos federales, presentó su renuncia al cargo. Se trata de la tercera baja en ese puesto en la gestión del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
La dimisión de este funcionario, confirmada por autoridades ministeriales, ocurre unos días después de que también se diera la salida de aproximadamente mil servidores públicos de la institución, entre policías, fiscales y peritos.
En lugar de Pérez García fue designado en el cargo Manuel de Jesús Gómez Rojas, un ingeniero agrónomo pero que ya lleva más de 30 años de experiencia en la institución y que se desempeñaba actualmente como coordinador de planes de investigación. Se le considera uno de los hombres más experimentados de la institución, de acuerdo con fuentes federales.
Respecto a la salida de Antonio Pérez García no se han dado a conocer las razones del movimiento. Solo se informó que su renuncia se realizó de común acuerdo con el fiscal Gertz Manero.
Este es el tercer cambio que se da en la dirección de la PFM desde que Gertz está al frente de la Fiscalía y de que dicha institución se volvió una instancia autónoma en sustitución de la PGR.
Al inicio del sexenio quien ocupaba la jefatura de la Policía Federal era Vidal Diazleal Ochoa, quien ya ocupaba ese cargo desde la administración pasada.
El 31 de octubre de 2019 Diazleal Ochoa presentó su renuncia al cargo de Fiscal General. En su lugar fue nombrado Kayosci Guerrero Ortega, una designación relevante pues se trató de la primera vez que la designación se dio como resultado de un proceso de selección de cinco etapas dentro de la propia corporación policial, y que incluyó pruebas de aptitudes y control de confianza.
Sin embargo, apenas seis meses después Guerrero fue separado del puesto luego de que se documentaran irregularidades en un cateo realizado por agentes federales que estaban a su cargo en una hacienda ubicada en Valle Escondido, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En su relevo fue designado Antonio Pérez García quien se mantuvo en dicha responsabilidad un año y medio.
En diciembre Animal Político publicó que la FGR había puesto en marcha diversas acciones para dar de baja a un alto número de servidores públicos, entre fiscales, peritos pero principalmente elementos de la PFM que para ese momento seguían bajo el mando de Pérez García. Algunos de estos elementos tramitaron amparos para frenar su destitución.
Autoridades de la FGR confirmaron a este medio que fueron aproximadamente mil los servidores públicos que salieron, aunque indicaron que la mayoría de ellos – sin precisar el número – se apegaron a un proceso de retiro voluntario. A ellos se sumaron las bajas o la no renovación de contratos de personal que no se consideró procedente su continuidad por problemas de desempeño, según las autoridades consultadas.
De acuerdo con datos a los que tuvo acceso este medio, la FGR acumulaba hasta el año pasado más de 16 mil órdenes de aprehensión acumuladas que no han sido cumplimentadas, una tarea que es responsabilidad de la Policía Federal Ministerial.
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