Rebeca Marín
La transparencia gubernamental tuvo una caída constante durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y alcanzará su nivel más bajo durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, para después recuperar terreno hacia 2030.
Así lo establece el Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno 2025-2030, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, el cual destaca las prioridades de largo plazo del gobierno federal y las principales metas sexenales en materia de servicio público.
En 2019, primer año de la gestión del tabasqueño, México reportaba un puntaje de 0.9 (en una escala de 0 a 1) en materia de Transparencia desde la Perspectiva Gubernamental, indicador que mide los esfuerzos de la administración pública federal para garantizar acceso a la información, transparencia proactiva y datos abiertos.
Con una periodicidad bienal durante el sexenio de López Obrador, el índice de transparencia gubernamental bajó a 0.88 en 2021 y a 0.84 en 2023.
Se espera que durante la actual administración el cálculo sea anual, con una caída abrupta en 2025 a 0.64 puntos, un fenómeno que podría estar asociado a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Según las estimaciones del programa sectorial, las cosas en materia de rendición de cuentas y acceso a la información irán mejorando hacia 2028, cuando se logre una calificación de 0.91 y en 2030, cuando se llegue a 0.94.
La Transparencia desde la Perspectiva Gubernamental se calcula a partir de las llamadas Métricas de Gobierno Abierto, las cuales eran elaboradas por el INAI, en colaboración con el Colegio de México, dos fuentes independientes de la actividad gubernamental.
La Transparencia desde la Perspectiva Gubernamental se calcula a partir de las llamadas Métricas de Gobierno Abierto
Sin embargo, el instituto desapareció formalmente en marzo pasado y sus funciones fueron asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por lo que está por verse si el gobierno es capaz de evaluarse a sí mismo de manera objetiva.
El documento destaca que "el segundo piso de la 4T aspira a incrementar el bienestar de la ciudadanía mediante la consolidación de una visión anticorrupción y de un buen gobierno en la administración pública, cimentada en una nueva ética pública que promueva la honestidad, la eficacia, la dignificación, profesionalización y la transparencia proactiva en la labor gubernamental".
De esta manera, resalta el programa, se castiga la corrupción, se elimina el derroche, se erradica la ineficacia, se democratiza la fiscalización de los fondos públicos, se impulsa la denuncia, se garantiza la transparencia y se generan ahorros en los recursos públicos.
"Se estima que para 2030, como resultado del cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones de este Programa Sectorial, se habrán logrado avances significativos para afianzar un gobierno sensible y cercano a la gente mediante la prevención y el combate a la corrupción y a la impunidad", puntualizó.
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