El impuesto del 2% para aplicaciones de reparto puede elevar los precios de producción, aumentar el precio final y disminuir la base gravable del SAT, aseguran especialistas
El impuesto del 2% para las aplicaciones de reparto de alimentos y comida que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) propuso en el Paquete Económico local 2022 podría afectar incluso a la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El investigador y economista del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Víctor Carreón, dijo a La Razón que el impuesto carece de toda capacidad de generar valor económico para la economía nacional, sino todo lo contrario.
Carreón mencionó que si se aprueba esta nueva contribución, incrementarán los costos de producción de las empresas, aumentará el precio del producto final, desincentivar el comercio y disminuirá las ganancias de los repartidores, así como disminuirá la base gravable del SAT.
El investigador menciona que por cada peso que recaude la CDMX por este nuevo gravamen, el repartidor pierde 13 centavos, mientras que los restaurantes, por ejemplo, hasta 1.67 pesos y con esto el SAT dejaría de recaudar alrededor de 1.49 pesos.
En otras palabras, por cada 10 mil pesos recaudados por el impuesto, la pérdida para la economía de la Federación y la sociedad sería de alrededor de 40 mil pesos. "Entonces la Ciudad de México tendrá mayor recaudación, pero a costa del resto de los actores económicos, incluido el Servicio de Administración Tributaria", mencionó.
Representantes de diferentes cámaras y asociaciones empresariales externaron el rechazo a este impuesto por el impacto negativo tanto a usuarios como a negocios, pues la mayoría de los afectados son micro, pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, Saúl Gómez, fundador de Ni Un Repartidor Menos, dijo que "a nivel federal el gobierno supuestamente les cobra impuestos a las plataformas, pero las plataformas los han trasladado hacia los socios, porque recuerden que no somos sus empleados, somos sus socios, sus usuarios asalariados".
Destacó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) lo pagan los repartidores junto con los comercios con cada servicio, ya que las empresas transnacionales dueñas de las aplicaciones están protegidas.
Los empresarios que se pronunciaron en contra de este impuesto mencionan que su creación contraviene a la política del gobierno federal, en en su promesa de no crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el sentido de no establecer más impuestos a la economía digital.
Los organismos que firmaron el posicionamiento en contra de la propuesta son la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Asociación Fintech México (FTMX), la Coparmex Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
Asimismo, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
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