Martín Aguilar
A Emilio Lozoya Austin, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), no le gustó que el juez del caso Odebrecht le recordara que huyó de México en mayo del 2019.
Conforme transcurrió la audiencia en la que se ratificó la prisión preventiva justificada que enfrenta desde el mes de noviembre pasado, quien fuera director de Petróleos Mexicano (Pemex) no tuvo problema en manifestarlo pues cada vez que el juez de control, Artemio Zúñiga desechaba cada argumento de su defensa para modificar la prisión por un brazalete electrónico, como el que una vez tuvo, los gestos de Lozoya su lenguaje corporal reflejaban desaprobación.
Durante los sesenta minutos que duró la audiencia, la actitud del testigo colaborador reflejaba su enojo cuando escuchaba un rotundo no a la posibilidad de cambiar la medida cautelar de la prisión preventiva justificada por la del brazalete.
Movía la cabeza y cruzaba los brazos con rostro enojado.
Las hojas de la resolución que por pocas horas y a juicio de su defensa, le dieron una posibilidad para abandonar el reclusorio norte eran subrayadas y revisadas por el exdirector de Pemex, quien al saber que permanecerá interno, decisión romperlas a la vista de sus abogados, juez y medios de comunicación.
De acuerdo con un informe emitido por las autoridades migratorias y al que dio lectura el juez, Lozoya Austin decidió abandonar el país el uno de mayo del 2019.
Un año y medio después, el exfuncionario federal aceptó ser extraditado a nuestro país desde España y colaborar con las autoridades ministeriales en libertad, portando solo un brazalete electrónico y bajo la condición de no poder viajar al extranjero, por lo que su pasaporte le fue retirado.
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