Martín Aguilar
No es posible acceder a diversos derechos, como la seguridad jurídica o la salud, si no se ejerce plenamente el derecho lingüístico, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Local, Nashieli Ramírez Hernández.
Enfatizó que en una urbe plurilingüística como esta Ciudad de México, existe el reto mayúsculo de fortalecer en los hechos este derecho lingüístico, porque tiene las herramientas, voluntad y presupuesto para avanzar en su ejercicio pleno.
Durante el Conversatorio "Aportaciones al fortalecimiento de los derechos lingüísticos desde el ámbito jurídico y de salud en la Ciudad de México", llevado a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares, remarcó que es un obstáculo no tenerlo garantizado.
Al participar en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2025, la titular destacó CDHCM, explicó que en décadas anteriores el debate estaba centrado en la construcción de un sistema legal que incorporara los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como la firma de convenios y convenciones internacionales en la materia, entre otros.
Expuso que en 2018, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, dijo, se reconocieron los derechos de comunidades y pueblos indígenas; y el año pasado se modificó también la Constitución federal que brinda un marco jurídico para avanzar no sólo en la garantía de los derechos lingüísticos, sino en articulación con otros derechos, sus cosmovisiones y cultura.
En el evento convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Ramírez Hernández subrayó que "no se trata de un asunto de traducción, sino de lucha y perseverancia para ejercer sus derechos".
En el ámbito de la salud, como ha ocurrido en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), se ha fortalecido la lógica normativa desde las Observaciones Generales y Recomendaciones que emplean la transversalización.
Dicha transversalización, señaló, apunta a "cómo hacer más parejo lo disparejo; no podemos ver iguales a quienes no son iguales; no podemos hacer igualitario lo diferente. Tenemos que ser igualitarios en que se cumplan nuestros derechos".
Aseveró que la Observación General No. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aborda las cuatro dimensiones de la salud: calidad, aceptabilidad, accesibilidad y disponibilidad. En el caso de la aceptabilidad, indicó, tiene relación con los derechos lingüísticos porque implican servicios en materia de salud que se deben de entender, de ida y vuelta, desde la mirada de su cosmovisión.
Ahora el desafío en los hechos, en el día a día, es bajar lo ahí establecido a las leyes y normas secundarias en todos los ámbitos desde la visión de transversalidad e inclusión.
Otro reto es cómo instrumentarlo, porque de nada servirán las leyes si la brecha entre lo que se dice y se hace es enorme. Se requiere no sólo de esfuerzos, sino de llevarlos a cabo institucionalmente.
Ejemplo de ello, recordó, fue la Recomendación 03/2018 emitida por este Organismo -entonces del Distrito Federal-, por violaciones a la certeza jurídica por no contar con intérpretes de lenguas indígenas.
Entre los puntos recomendatorios, dijo, se consideró elaborar un Protocolo Interinstitucional para la atención de personas indígenas que son parte en un procedimiento penal, en el que se asegure la libre auto-adscripción de las personas indígenas y/o hablantes de lenguas indígenas,
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