Rebeca Marín
Para simplificar trámites administrativos y evitar gastos y corrupción contra ciudadanos en el Estado de México, diputados locales de Morena presentaron una iniciativa de modificación a la Constitución política estatal.
De acuerdo con el legislador Armando Navarrete López, la administración pública enfrenta desafíos significativos en términos de eficiencia, transparencia y accesibilidad. Principalmente debido a la burocracia excesiva y procesos administrativos engorrosos, mismos que generan altos costos constituyendo barreras para el desarrollo y favoreciendo prácticas de corrupción.
Los cambios a la Constitución buscan armonizar la presentada a nivel federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 18 de febrero del 2022, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
En su exposición de motivos, el diputado explicó que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, el 83.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones públicas.
Asimismo, el 40.7% de las personas experimentaron dificultades al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos, principalmente por barreras al trámite y asimetría de información.
Dijo que en el Estado de México esta problemática se manifiesta de manera particularmente aguda, siendo la entidad más poblada del país, con más de 17 millones de habitantes y derivado de la complejidad administrativa se multiplica exponencialmente.
Según datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), los ciudadanos mexiquenses deben enfrentar un promedio de 486 trámites estatales y 166 trámites municipales a lo largo de su vida, cifra superior a la media nacional afectando a los más desprotegidos.
Por ello, ante falta de homologación de procedimientos entre los 125 municipios del estado, la duplicidad de requerimientos, además de la escasa implementación de tecnologías digitales ha generado que los ciudadanos deban invertir tiempo y recursos excesivos para acceder a servicios públicos básicos.
"Afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población que enfrentan mayores dificultades para desplazarse, costear gestores o acceder a herramientas tecnológicas", dijo.
La nueva legislación tendrá un impacto positivo en términos de simplificación normativa, al establecer principios claros que deberán orientar toda la producción legislativa y reglamentaria en la entidad. A mediano y largo plazo, se espera que la implementación de estos principios resulte en una reducción significativa de la carga regulatoria para ciudadanos y empresas, insistió el diputado por Nicolás Romero.
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