Juez reitera orden de aprehensión contra Rafael Zaga por fraude contra el Infonavit

Rebeca Marín

Un juez federal reiteró el día de hoy una orden de aprehensión girada en contra de Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos cometidos en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit).

 

De acuerdo con la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, la orden de aprehensión fue concedida por el juez de control del penal de Almoloya, quien reiteró las órdenes de aprehensión en contra de dichas personas, "una vez que éstas habían acudido a los procedimientos que creyeron convenientes para sus intereses".

 

De igual manera señaló que dichas órdenes de aprehensión son por los delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que son investigados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

 

Por este mismo caso actualmente Teófilo Zaga, hermano de Rafael, se encuentra en prisión por este presunto fraude en el que ambos participaron a través de su empresa Telra Realty.

 

La historia de este caso se remonta a 2015, cuando el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se desempeñaba como director del Infonavit, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ese entonces el instituto contrató a la empresa mencionada para operar el mercado secundario de vivienda o de vivienda usada.

 

Murat se fue a hacer campaña a Oaxaca y David Penchyna Grub asumió la titularidad del Infonavit. Durante su administración, en mayo de 2017, el Instituto decidió rescindir de forma anticipada el contrato con Telra Realty e indemnizó a los hermanos Zaga Tawil con cinco mil 88 millones de pesos.

 

Para la FGR, la indemnización pagada por el Infonavit a Telra es ilícita porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura para llevar a cabo el proyecto, es decir era básicamente una empresa de papel.

 

El 23 de diciembre de 2020, la dependencia a cargo de Gertz Manero solicitó órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, así como de Elías Zaga Hanono, hijo de Rafael Zaga. Dos días después, un juez federal las concedió.

 

Meses después, el 30 de abril, la Fiscalía capturó a Teófilo Zaga en Xochitepec, Morelos, quien fue vinculado a proceso y trasladado también al penal del Altiplano, mientras que Rafael Zaga y su hijo Elías siguen prófugos de la justicia.

 

La defensa de la familia Zaga Tawil ha acusado a las autoridades de persecución y extorsión judicial e incluso habilitó el sitio web para dar a conocer los pormenores del caso de acuerdo a su versión.

 

"Adicionalmente, por instrucciones de la UIF las cuentas bancarias de los señores Zaga, así como las de las personas físicas y morales relacionadas con ellos, fueron bloqueadas, iniciando en consecuencia diversos juicios de amparo ante la ilegalidad de dichos bloqueos".

 

"Hasta este momento se han obtenido resoluciones favorables y otras están en proceso", se lee en la página de internet.

 

Sin embargo, una investigación por indicios de lavado de dinero que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y que El Sol de México dio a conocer a finales del año pasado, refiere que entre 2015 y 2019 ambos hermanos dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos, en moneda nacional y extranjera, a diferentes cuentas del mundo, movimientos que hicieron en persona o por medio de su red de empresas.

 

"Es así que, de conformidad con los indicios mencionados, a consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera, existe presunción en el presente acuerdo, que desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto tienen posiblemente una procedencia ilícita y que se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final", señala el informe de la UIF. 


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