Martín Aguilar
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, destacó la importancia de abordar el despojo como una problemática que requiere atención constante, no solo desde las instituciones, sino también en coordinación con la sociedad.
"Estas reformas buscan reforzar la protección de los grupos prioritarios y garantizar que la carga de la prueba no afecte a las comunidades, evitando que sean doblemente vulnerables y vejadas", señaló.
Durante su primer informe de gobierno, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó cinco iniciativas, entre ellas, medidas para atender de manera integral a personas mayores, mujeres solas, personas con discapacidad y miembros de comunidades indígenas.
Entre los cambios propuestos se incluyen:
Reforma al Artículo 237 del Código Penal: sancionar la suplantación de identidad y los fraudes procesales relacionados con despojos, con penas de hasta 11 años de prisión.
Reforma al Artículo 238 Bis: incorporar agravantes específicas para víctimas de despojo, priorizando la protección de personas mayores de 60 años, mujeres solas, personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas.
Reforma al Artículo 248 del Código Penal: sancionar cualquier acto violento vinculado al despojo y evitar la enajenación irregular de bienes.
Reforma al Artículo 806 del Código Civil: sancionar abusos derivados de actos de buena fe simulados en compraventas o arrendamientos fraudulentos.
Reforma al artículo 41 de la Ley Registral: establecer criterios más estrictos para la validez de actos notariales provenientes de otras entidades federativas, evitando registros irregulares que faciliten despojos.
La Consejería Jurídica señaló que estas medidas buscan generar mecanismos preventivos, reducir litigios injustos y brindar mayor certeza jurídica a los propietarios auténticos, desincentivando prácticas irregulares que han afectado a diversas comunidades.
Cruzvillegas subrayó que las iniciativas se diseñaron bajo un enfoque integral y coordinado, con acompañamiento permanente a las personas afectadas, en línea con la instrucción de la jefa de Gobierno de atender cotidianamente este tipo de situaciones y garantizar justicia efectiva para los sectores prioritarios.
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